La Justicia ordenó al Estado nacional otorgar asistencia médica y económica, procurar una vivienda y cubrir el ciento por ciento de los medicamentos requeridos por la familia de una mujer semianalfabeta que tiene a su cargo ocho hijos, cuatro de los cuales son discapacitados.

Debido a que la mujer, de nombre Aleja, se sustenta con cultivos domésticos y vive en una casilla sin servicios básicos, los niños están alojados en el hogar asistencial Locos Bajitos, de la localidad bonaerense de Gonnet.

Tres hijos varones de Aleja son hemofílicos y requieren medicación de alto costo que el Estado, por orden del juez civil Luis María Márquez, deberá cubrir en un ciento por ciento; y una de las hermanitas de los niños es sordomuda.

En su resolución, el juez ordenó a los ministerios de Desarrollo Social y de Salud incluir a los niños, en un plazo de diez días y en el marco de la Ley 24.901, “en un plan social por el cual resulten beneficiarios de una pensión graciable” del Programa Federal de Salud, informó la Defensoría General de la Nación.

El organismo precisó que el Estado nacional “manifestó que la responsabilidad de brindar la cobertura requerida era del gobierno de la provincia de Buenos Aires, adujo que la mujer no había iniciado trámite alguno ante el Ministerio de Desarrollo Social para obtener las pensiones, y sostuvo que el recurso de amparo no era la vía adecuada”.

La acción de amparo, que de todos modos prosperó, fue iniciada en febrero de 2005 pero tomó impulso cuando intervino, en representación de los niños –todos menores de edad– la defensora Silvia Otero Rella.

Ahora el Estado deberá otorgar ayuda económica a la familia por un monto de 1500 pesos mensuales “de manera continua”, al tiempo que tendrá que procurar la inclusión del grupo en un “plan de emergencia habitacional” que permita reunir a Aleja con sus hijos, ya que viven separados por impedimentos materiales.