De pronto, desde la clandestinidad, usando como medio el diario El Tribuno de Salta para dar un mensaje, los hermanos Castedo, prófugos por el crimen de la productora Liliana Ledesma, aparecieron en tapa para gritar su inocencia. “No soy jefe de un cartel de narcotráfico y las acusaciones son infundadas. Le pido al juez que haga justicia”, le dijo al diario de la familia Romero el mayor de los buscados, Reynaldo Delfín Castedo. “Es una maniobra política”, dijo, y se la atribuyó con nombre y apellido a Claudio del Plá, uno de los tres diputados provinciales del Partido Obrero de Salta. “Castedo habla por boca del Gobierno”, le dijo a Página/12 Del Plá. “Esto es un síntoma más del acuerdo para bajar el tema desde que el embajador de Estados Unidos visitó Salta y elogió la política antinarcóticos del gobernador Romero”, sostuvo el legislador.

Desde que el juez en lo criminal de Tartagal, Nelson Aramayo, ordenó la detención de Delfín y de su hermano Raúl “Ula” Castedo acusándolos de ser los autores intelectuales del asesinato de Liliana Ledesma, hace ya un mes, los conocidos amigos del diputado Ernesto Aparicio no paran de moverse. De hecho, tal como se lo dijo Delfín al periodista Adrián Quiroga, no piensan presentarse ante la Justicia. “No voy a entregarme”, fue la frase con la que el diario encabezó la exclusiva de anteayer. “No tengo nada que ocultar, soy un productor que da trabajo a 200 personas en los desmontes y a otras 40 en la finca”, abundó. “Aclaró que las armas secuestradas en su finca son de ellos y de sus empleados, pero que ‘están registradas y no son un arsenal’”, dice la nota periodística.

“Lamentablemente la situación es peligrosa para ellos toda vez que están injustamente culpados en una causa en la que no tienen ninguna responsabilidad y sobre la que hay mucho peso político”, le dijo a Página/12 uno de los abogados de los Castedo, Sebastián Martín García. El otro defensor es el conocido penalista porteño Gustavo Semorile. Ambos se han hecho de una nutrida cartera de clientes salteños sospechados en diversas causas de narcotráfico, entre ellos los hermanos Motok, un clan desbaratado en enero cuando el Juzgado Federal 1 dio con 750 kilos de cocaína en José C. Paz provenientes de la frontera norte. El abogado García dijo que él y su socio fueron al diario El Tribuno, donde pusieron en contacto telefónico al periodista con su cliente. El diario menciona a Delfín como “productor agropecuario”.

Del Plá consideró que la entrevista al prófugo Castedo “es parte de la estrategia para abrir un encubrimiento sobre el crimen de Liliana Ledesma que surge de la embajada y que impactó tanto en el ARI –que retiró el pedido de informe sobre el tema del Congreso porque recibió una respuesta del Ministerio del Interior– como en el gobierno nacional, que decidió no confrontar con Romero”. Para el diputado atacado por Castedo el absurdo es que con el discurso del reo se reduce la crisis política salteña a un enfrentamiento entre el romerismo y el PO. Porque lo cierto es que Castedo no habla de los diputados kirchneristas que denunciaron el tema, como Nora César y Miguel Bonasso. “De esa manera le quitan envergadura porque lo reducen a una queja del PO”, dijo. La familia de Liliana Ledesma teme que la entrevista anuncie un encubrimiento futuro que deje a los Castedo libres de culpa y cargo. “Se lo dijimos al juez, pero él dice que hablan porque se sienten acorralados”, le dijo a este diario Rodolfo Ledesma, uno de sus hermanos.