Tuvieron que pasar quince años, seis meses y siete días para que el asesinato del poeta Sergio Schiavini, de 32 años, recibiera al fin un primer gesto de reparación. “Ni contenta ni feliz porque no hay ninguna reparación posible y mucho menos si se trata de dinero. Lo que esperamos es que se cumplan los otros pasos, sobre todo la conformación de una Comisión de la Verdad que investigue los hechos y señale a los culpables.” María Teresa Schnack, la mamá de Sergio, dialogó con Página/12 luego de una audiencia en la cual, intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante, el Estado argentino fue intimado a pagar la suma de 335 mil dólares de resarcimiento económico a la familia. El Estado había reconocido su responsabilidad en el hecho en marzo del año pasado. El homicidio se produjo el 29 de mayo de 1991, en el interior de la confitería Dalí, de Lomas de Zamora. Allí hubo un asalto y un grupo de ladrones tomó como rehén a Sergio. Cuarenta policías rodearon el lugar e intentaron poner fin al hecho a sangre y fuego. Siempre se sospechó que a Schiavini lo mató una bala de la Policía Bonaerense, pero todos los uniformados fueron absueltos. Sólo condenaron a los ladrones.

En un gesto simbólico, el fallo del Tribunal Arbitral ad hoc de la CIDH, encabezado por el costarricense Víctor Rodríguez Rescia, se leyó durante una ceremonia de tres horas realizada en el salón auditorio del Colegio Público de Abogados de Lomas de Zamora, cerca del lugar donde se cometió el crimen. En el acto estuvieron dos árbitros, Fabián Salvioli, propuesto por el Estado, y Marcelo López Alfonsín, designado para representar a la familia Schiavini. Durante la audiencia declararon ocho testigos: un forense, otros peritos, amigos de la víctima y su hermano, Adrián Schiavini, quien había declarado por primera vez en la audiencia realizada en marzo pasado en la sede de la CIDH en Washington.

“La de este caso es una historia de nunca acabar. En la audiencia tuvimos que revivir todo lo ocurrido, desde el asesinato hasta las amenazas que recibimos y también la falta de justicia en la Argentina, que nos hizo recurrir a un tribunal internacional”, le dijo a este diario la mamá de Sergio Schiavini. El monto de la indemnización fue dividido en tres partes: una para la madre, otra para el padre, Miguel Schiavini, ya fallecido, y una tercera para el hermano Adrián.

Es la primera vez que un tribunal arbitral internacional contempla el daño moral sufrido por un hermano. Ante el fallecimiento del papá, la resolución dice que 225.625 dólares le corresponden a la madre y 109.375 dólares al hermano. El laudo arbitral es “inapelable, inembargable y libre de impuestos”. Deberá ser saldado en dólares, a pesar de la oposición de los representantes del Estado. El plazo fijado para el pago es de tres meses. De no cumplir con la obligación, se aplicarán intereses. El pago de la indemnización contempla el daño emergente, lucro cesante, daño patrimonial, daño moral y también los gastos judiciales de un proceso cuyo comienzo está muy cerca de cumplir 16 años, la mitad de los que tenía Sergio Schiavini al momento de ser asesinado.

“Lo positivo de todo esto es que, además de la indemnización, el organismo internacional estableció que debe crearse una Comisión de la Verdad que tendrá la misión de investigar los hechos, desde el año 1991 hasta la fecha, y tendrá que emitir un veredicto que será dado a conocer a través de los diarios de mayor circulación del país”, explicó María Teresa Schnack. Del mismo modo, se tendrán que cumplir algunas otras reparaciones no pecuniarias, a través de una serie de proyectos de ley que tienen que ser enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo.

Estos proyectos tienen que ver con deficiencias advertidas a partir del proceso judicial del caso Schiavini. La abogada Ana María Herren, que representa a la familia a través de la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (Cofavi), mencionó algunas de las iniciativas: “Sanción de leyes para adecuar la normativa interna a los estándares internacionales; reforma del Código Procesal Penal de la Nación para establecer la obligatoriedad, sin excepción, de la realización de autopsias en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, con prohibición de la participación en la misma de los miembros de las fuerzas de seguridad en aquellos hechos en los que hayan tenido intervención”.

También se propiciará “la incorporación al Código Procesal Penal de la Nación del derecho de los familiares de optar por designar un perito con carácter previo a la primera autopsia”, entre otras modificaciones legales.