Después de haber presenciado todo el debate en pleno recinto, Daniel Filmus se levantó para recibir el saludo de varios senadores y la sesión se suspendió por unos minutos, los mismos que tardó el ministro de Educación para saludar a otros legisladores –oficialistas y de la oposición– en sus propias bancas. El clima relajado fue una muestra del consenso que cosechó en el Senado el proyecto de Ley Nacional de Educación. Con 57 votos a favor y tres en contra (bussistas y adolfistas), la Cámara alta le dio media sanción a la norma que reemplazará a la Ley Federal sancionada en la década menemista. El proyecto establece una educación obligatoria de 13 años y da seis años de plazo para homogeneizar el sistema en dos modelos: una escuela primaria de 7 años y una secundaria de 5 años o dos niveles de 6 y 6. Radicales y socialistas plantearon disidencias en el extenso articulado, pero el kirchnerismo no dio lugar a modificaciones.

La satisfacción de Filmus, elogiado por oficialistas y opositores, reflejaba el mismo estado de ánimo que seguramente habrán mostrado no pocos funcionarios en Casa Rosada. La iniciativa es una de las principales apuestas del Gobierno para lo que queda del año legislativo y que la Cámara baja convertirá en ley la semana próxima.

El proyecto establece un sistema educativo único en todo el territorio nacional y dispone la obligatoriedad de los niveles primario y secundario, en reemplazo de la Educación General Básica (EGB) y el Polimodal, instauradas por la Ley Federal sancionada en 1993 –durante el gobierno de Carlos Menem– y que dio origen a una multiplicidad de esquemas educativos que llegaron a ser 54 en todo el país. La iniciativa también garantiza el acceso a la sala de 4 años para familias que lo requieran e incrementa las horas de clase con el establecimiento en la escolaridad primaria de jornadas “extendidas” (de seis horas) y “completas” (de ocho horas).

La radical rionegrina Amanda Isidori fue el miembro informante del proyecto como presidente de la Comisión de Educación del Senado. Isidori destacó la iniciativa como “buena porque contiene aspectos esenciales” y, al contrario de la actual Ley Federal, “fija taxativamente la responsabilidad del Estado” en la educación. También se encargó de subrayar la tarea educativa sobre derechos humanos y nuevas tecnologías y puso de relieve la creación del Instituto Nacional de Formación Docente. La oficialista pampeana Silvia Gallego insistió en que se trata de un proyecto con legitimidad porque surgió “de esta necesidad que ha planteado la sociedad en su conjunto de generar una nueva ley y una estrategia de participación”.

A su turno, la senadora oficialista Vilma Ibarra se encargó de refutar los cuestionamientos que hasta el momento había volcado la oposición en el recinto. Defendió el debate organizado por el Ministerio de Educación para discutir el proyecto “en el ámbito educativo, social y parlamentario”, al que había cuestionado la tucumana Delia Norma Morales. “Su postura es ideológica, porque representa al genocida (Antonio Domingo) Bussi”, cargó Ibarra, para luego asegurar que sus reclamos van en contra de los artículos que establecen que no podrán ejercer la docencia aquellas personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad o que hayan respaldado dictaduras o golpes militares y que la nueva ley habla de “reconstruir la memoria histórica de nuestro país”.

Filmus esperaba con ansiedad las palabras del senador socialista Rubén Giustiniani, que no había firmado el dictamen de mayoría. “Creo que es un punto de partida”, dijo el socialista santafesino para respaldar el proyecto, pero se reservó cuestionamientos a los artículos que “no establecen con claridad la condición laica de la educación” ni la “división pública y privada” del sistema educativo y la conformación del Consejo Federal.

El radicalismo también mostró su adhesión al proyecto. “No queremos ni necesitamos diferenciarnos cuando se trata de políticas de Estado, por eso vamos a acompañar el proyecto del oficialismo”, dijo el mendocino Ernesto Sanz, para luego remarcar que esa afirmación “no me pone colorado”. Pero no dejó pasar por alto cuestionamientos en más de una docena de artículos. El oficialismo le contestó que no haría lugar a modificaciones del proyecto que había sido “suficientemente debatido”.