En un exhaustivo artículo, Axel Kicillof denunció en estas páginas, el viernes 1º, el muy conocido fenómeno de la “privatización” de la UBA. La “asfixia presupuestaria” fue funcional a la búsqueda de recursos “extra” por la vía de “venta de servicios” y el financiamiento de “agencias” que escapan “al control de la propia universidad”. Claro que a la propia UBA la “controlan” los beneficiarios de la privatización y de los negocios que Kicillof denuncia y que se mantendrían ahora merced al llamado “acuerdo” de los decanos, también según sus propias palabras. Los recursos que vienen del presupuesto y los que son ajenos a él, sin embargo, no pueden ser opuestos como si fueran puramente antagónicos (a favor de la universidad “pública” los primeros y de la “privatización” los segundos) porque forman parte de una política común. No sería la primera vez que el Gobierno ofrece “más fondos” para avanzar en la “privatización” educativa. Entonces, lo que no es correcto es la conclusión de Kicillof de que más recursos del presupuesto estatal implican per se revertir el curso de la privatización universitaria. ¿Por qué cambiarían las cosas sólo porque el Estado otorga más recursos a los privatizadores? Kicillof celebra en su nota “la oportunidad” que brindaría ahora un no precisado “sustancial aumento” que, según versiones, habría ofrecido el Gobierno a la UBA. No dice que las versiones a las que alude están vinculadas a la “normalización” de la UBA. Es decir, a que se preserve a las “ricas camarillas privatizadoras”, según la denominación del mismo Kicillof (y, naturalmente, a un acuerdo para que en la cúpula aparezcan figuras simpáticas al oficialismo). Resultado: se trata de una vulgar “extorsión” como lo acaban de denunciar, ya no sólo los gremios estudiantiles y docentes, sino también una cantidad importante de profesores de la UBA en un reciente documento público. Lo del “sustancial aumento” es, además, un verso. Sirve apenas a un gatopardismo verbal: decir que algo va a cambiar para que todo quede igual. Bueno, no todo: a los “viejos negocios” que denuncia Kicillof se sumarían algunos amigos del Gobierno. El mismo Gobierno que viene de financiar con profusos fondos una campaña millonaria contra los alumnos y docentes que nos oponemos a este tipo de manejos y “pactos” prebendarios, de reparto de privilegios. Es el caso del mencionado “consenso” de los decanos, incluyendo funcionarios de la dictadura, militantes de la causa shuberoffista y progresistas supuestamente “antineoliberales”. Un cambalache.

¿Cómo es posible que nuestros compañeros profesores Rubinich y Langieri, de Sociología, también desde estas páginas, hayan abusado de un lenguaje casi uniformado para reclamar que semejante “consenso” o “pacto” se lleve adelante pagando todos los “costos políticos”, incluyendo “la responsabilidad de la autoridad constituida (sic) para implementar todos (sic) los mecanismos, sin ningún tipo de ambigüedad (sic) utilizando los recursos legales y legítimos disponibles (sic) para garantizar el desarrollo de una asamblea que permita elegir a las autoridades de la UBA”? ¿Este es el lenguaje del “pensamiento crítico”? En todo caso, el artículo de Kicillof ilustra las razones de tanto apuro para que se “normalice” la UBA como sea y sin conceder nada al reclamo de una elección democrática del nuevo rector. Por eso la oposición irreductible, sectaria, cerrada y autista al reclamo elemental de que se modifiquen los estatutos para que la designación de un nuevo rector no se haga con los mismos criterios que en el pasado y que han conducido a la situación actual. Un reclamo que crece también entre los docentes, que ven una “oportunidad” no en la extorsión oficial, sino en la gran lucha de quienes han puesto el cuerpo para que la porquería de ayer no siga enseñoreada en la “privatizada” UBA.

* Respectivamente, ex decano de Ingeniería, ex director del Departamento de Matemáticas de esa facultad y profesor de Ciencias Sociales.