Jueves, 21 de diciembre de 2006 | Hoy
Comenzaría a funcionar en marzo, como parte de un plan para atender un problema que cada vez afecta a más chicos. Prometen apoyo del Estado a los testigos que denuncien las “cocinas” de cocaína.
Por Eduardo Videla
El consumo de paco –la pasta base de cocaína– creció “en forma exponencial en el último año y medio” en la Ciudad de Buenos Aires, según las autoridades sanitarias locales. La droga, consumida especialmente por la franja de niños y jóvenes desde los 8 o 9 años, en los sectores más pobres y excluidos, también generó casos de deserción en algunas escuelas del sur de la ciudad, revelaron desde el área de Educación. Para afrontar el problema, el gobierno porteño anunció ayer un programa que involucra a cuatro ministerios: el de Salud, que se ocupará del tratamiento de los afectados; el de Educación y los de Gobierno y de Derechos Humanos y Sociales, que se proponen acompañar a los familiares y vecinos en la denuncias judiciales contra los promotores del consumo del paco: los laboratorios donde se produce cocaína, que funcionan en los barrios más pobres de la ciudad, con protección mafiosa y, a veces, policial, según las denuncias de los afectados. Como respuesta a esta situación, el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, adelantó que su gestión está trabajando en un programa de testigos.
El programa anunciado ayer por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, está plasmado en un proyecto de ley que fue girado a la Legislatura. Se llama Plan de Atención Integral sobre Consumo y Dependencia de PBC (pasta base de cocaína) y está basado en la prevención del consumo y la asistencia a los consumidores, mediante mecanismos de prevención comunitaria, educativa y familiar. Sus puntos más destacados son los siguientes:
- Creación de un centro de internación especializado en la atención de usuarios de pasta base. Se instalará en un edificio de la avenida Independencia al 900, donde funcionó la Clínica Dusaut. “Para marzo tenemos previsto que haya diez camas para internación en el primer piso y consultorios en la planta baja”, informó el ministro de Salud, Alberto De Micheli.
- Habrá también especialistas en guardias toxicológicas permanentes en tres hospitales generales: el Pena, el Piñero y el Ramos Mejía. También se incorporarán profesionales especializados para la atención primaria en los Centros de Salud, especialmente los ubicados en las zonas más vulnerables, donde se van a extender los horarios de atención.
- A nivel educativo, se prevén actividades de capacitación para docentes y padres, tendientes a la detección temprana del consumo, y de información hacia los alumnos y estudiantes. “Vamos a trabajar en la capacitación de líderes y con los centros de estudiantes”, apuntó el ministro de Educación, Alberto Sileoni.
- Propone generar medidas de inclusión social y económica para las familias donde haya un integrante que sea consumidor de paco.
“Es uno de los fenómenos de época más siniestros y preocupantes”, dijo Telerman, al trazar un cuadro de situación caracterizado por “la progresión exponencial del consumo de esta droga, que provoca el aniquilamiento de los chicos en lapsos extremadamente cortos: por primera vez se produjeron casos de deserción escolar como consecuencia de la droga”. Para el jefe de Gobierno, “la exclusión y la pobreza son el caldo de cultivo para esta situación”.
–¿Qué puede hacer la Ciudad, si no tiene policía, con los laboratorios de cocaína que funcionan en algunas villas y que cuentan con protección? –preguntó Página/12.
–Vamos a actuar como intermediarios entre el ciudadano y las víctimas y el sistema penal, para que la denuncia no sea una acción aislada de las madres. Vamos a recibir las denuncias y acompañar a los denunciantes ante la Cámara Federal, para que el sistema penal tenga una visión integral y no fragmentada del problema –dijo el ministro de Gobierno, Diego Gorgal. De esa manera, se evitaría la denuncia ante la policía, en la que muchos padres no confían.
–Lo que hay que perseguir son las ollas de cocaína, no a los consumidores –agregó Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos. La funcionaria hizo hincapié en el trabajo junto con las madres de los adictos. “Estamos instalando oficinas en las villas para facilitar esos vínculos”, afirmó.
La pasta base es el subproducto de la producción de cocaína, que se instaló en Buenos Aires en los laboratorios que funcionan en algunas villas porteñas. Desde allí la droga se distribuye en los barrios a precios muy bajos, que van de 2 a 5 pesos la dosis.
Los funcionarios admitieron que no hay estadísticas sobre el crecimiento del consumo de paco en la Ciudad, pero aportaron datos escalofriantes. “Todos los días llegan entre dos y cuatro chicos a los hospitales con sobredosis de paco u otros síntomas de consumo”, reveló De Micheli. “La edad de inicio es de 8 o 9 años y el pico se registra entre los 11 y 12”, agregó.
¿Cómo se atienden hoy en la Ciudad a los adictos al paco? Los pacientes no van espontáneamente. “Llegan a las guardias de los hospitales por el programa Buenos Aires Presente, que atiende a las personas en situación de calle, o llevados por el SAME o la policía. Cuando necesitan internación, son atendidos en hospitales generales”, precisó el ministro de Salud. “Otras veces, cuando padecen crisis severas, son llevados por sus familiares”. agregó.
Las crisis que suelen presentar estos pacientes, añadió el ministro, hacen necesario un lugar especial para su tratamiento. Por eso se propuso la creación de un centro exclusivamente destinado a la internación de adictos severos. El edificio de la avenida Independencia, comprado por el gobierno porteño, tiene cinco plantas, de las cuales se habilitaría en marzo la primera.
De Micheli advirtió que en seis meses la droga produce “daños neurológicos muy graves. Pero, si llegamos a tiempo, la recuperación puede ser alentadora” .
El proyecto fue presentado el martes en la Legislatura por Cerruti. Si hay consenso, podría ser tratado en las sesiones extraordinarias que se inician en los próximos días. “Podríamos haberlo implementado directamente como un programa desde el Ejecutivo, pero preferimos hacerlo por ley, ya que involucra a cuatro ministerios y deberá tener una asignación presupuestaria especial”, argumentó. Los funcionarios no informaron cuánto dinero demandará la implementación del programa.
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