Por disposición de la Justicia federal de Bahía Blanca fue detenido el capitán (R) Humberto Luis Fortunato Adalberti, médico del Cuerpo V de Ejército durante la última dictadura militar. El juez Alcindo Alvarez Canale le imputó “haber formado parte del plan criminal –clandestino e ilegal– implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas” y lo sindicó como partícipe necesario en el delito de tormentos reiterados. En su declaración indagatoria el militar negó haber asistido al centro clandestino La Escuelita. Con las manos esposadas cubiertas por un saco fue trasladado a una seccional de la Policía Federal, donde acompañará al ex suboficial Santiago Cruciani, primer procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca.

Adalberti era jefe del pabellón de oficiales del Hospital Militar. En 1987 dijo desconocer la existencia de La Escuelita. El año pasado admitió que “todos sabíamos lo que pasaba”. Durante el Juicio por la Verdad negó haber concurrido al centro de exterminio, tarea que adjudicó “por ser oficiales superiores” al director del hospital, el fallecido coronel Raúl Eduardo Mariné, y al subdirector, mayor Jorge Guillermo Streich, identificado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba tras las sesiones de torturas, impune en un geriátrico de San Martín de los Andes.

La denuncia más sólida contra Adalberti pertenece al ex oficial de reserva Alberto Taranto, que lo acusó de concurrir a La Escuelita “en ausencia” del mayor Streich. Por su parte, el teniente coronel Julián Oscar Corres –administrador de la picana, apodado Laucha– recordó “la concurrencia de dos médicos, capitanes”, de quienes ignoraba sus apellidos. Streich y Adalberti eran capitanes.

Streich reconoció que concurría “al LRD” (lugar de reunión de detenidos en la jerga castrense), dijo que no vio cadáveres ni torturados y sólo iba “por algún resfrío, gripe o diarrea”. No le pareció clandestino “porque me llevó el director por una ruta pública” y supo de la existencia de desaparecidos “por los diarios”. Cuando le preguntaron quién lo reemplazaba, aclaró: “Eramos cinco médicos, podía ser cualquier otro”, y nombró a Mariné, Garimaldi y Adalberti.

En su declaración en el 2000, Adalberti aclaró que “no les pregunto [a los pacientes] si están detenidos en forma legal o ilegal”. Después del golpe “empezaron a aparecer caras que a uno le llamaba la atención que pudieran pertenecer a las Fuerzas Armadas; uno se enteraba todos los días de gente que moría en enfrentamientos, que desaparecía”, admitió que “sospechaba” que los tiroteos eran fraguados, pero “era mejor no saber nada”.

Por La Escuelita pasaron al menos dos mujeres embarazadas. Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, en su quinto mes de embarazo. Graciela Romero de Metz dio a luz un varón el 17 de abril de 1977, “sin asistencia médica”, según su compañera de cautiverio Alicia Partnoy. Ambas continúan desaparecidas. Las principales funciones de los médicos militares eran regular la resistencia de los secuestrados en la mesa de torturas y aplicarles colirio en los ojos por las irritaciones que producían las vendas.