Una ley que autoriza la puesta en práctica de un programa de canje de armas en manos de civiles fue sancionada ayer por el Senado. El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas tendrá una vigencia de 180 días. En el proyecto aprobado en el Congreso –antes lo había votado la Cámara de Diputados– se dispone una “amnistía por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra”, teniendo en cuenta que las estadísticas señalan que hay 1,2 millón de armas registradas legalmente, mientras que no habría sido declarada una cifra similar. El proyecto impulsado por el bloque oficialista fue aprobado en la Cámara alta por 34 votos a favor y 11 en contra del radicalismo. La senadora Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior del Senado, aclaró que “el incentivo para hacer efectivo el canje de armas no será en dinero”. El objeto de canje para los que entreguen armas o municiones en forma voluntaria será establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, autor del proyecto original.

El proyecto de ley fue impulsado por familiares de víctimas de hechos de violencia, como Adrián Marcenac, Dante Piccioli o las Madres del Dolor, y por organizaciones no gubernamentales como la Red Argentina para el Desarme (RAD) o la Asociación para Políticas Públicas (APP). Uno de los argumentos planteados por la APP fue que “en un 9 por ciento de los hogares (del país) habría armas de fuego, lo que significa una cantidad de 906.823 hogares”, de acuerdo con una investigación realizada por la APP. María Pía Devoto, miembro de la entidad, le dijo a este diario que la iniciativa oficial surgió “luego de una audiencia que tuvimos en la Casa de Gobierno, en la cual, entre otros proyectos, presentamos el de la ley de canje de armas”.

Devoto consideró que si bien “la ley aprobada es perfectible, no tiene fallas importantes y algunos problemas de redacción pueden ser salvados por vía del decreto reglamentario”, que deberá ser redactado en un plazo de sesenta días, a partir de la publicación del texto legal en el Boletín Oficial. La nueva ley también fue apoyada por la RAD, por entender que las finalidades son las de “disminuir el uso y proliferación de las armas de fuego; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; la sensibilización acerca de los riesgos y la promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego”.

En el trabajo realizado por la APP se afirma que hay “una tendencia a subdeclarar la posesión de armas”. En ese sentido se especifica que “el número de usuarios particulares de armas asciende a 624.735 individuos registrados, a los que hay que sumar 200 mil más que tienen el permiso vencido, y todo el personal de las fuerzas policiales y de seguridad. A ello hay que sumarles las armas ilegales”. En una encuesta realizada por la organización no gubernamental se estableció que el 38 por ciento de los que tienen armas en sus casas lo decidieron “para prevención o protección personal”, el 26 por ciento “porque el dueño pertenece a la policía o a las fuerzas de seguridad”, el 12 por ciento “para cazar”, el 10 por ciento porque se dedica a coleccionar armas, el 6 por ciento declaró que lo hace “porque siempre ha estado en casa” y un 5 por ciento “para la práctica de tiro al blanco como deporte”.

La senadora del PJ Sonia Escudero, al defender el proyecto oficial durante el debate, reconoció que el canje de armas “no es una solución al problema de inseguridad sino una contribución en ese sentido”. De todos modos resaltó que “el retiro de armas de fuego de la posesión de la población civil implica, necesariamente, la reducción de riesgo de accidentes y hechos de violencia producto de conflictos interpersonales”. Sostuvo que lo que se busca a través de la ley es promover “una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego”.

Por un lado se propicia la amnistía para los que tengan en su poder armas sin declarar y por el otro se busca convencer también a los tenedores legales. Si éstos se suman al plan canje, recibirán como premio “la condonación de deudas” pendientes con el Registro Nacional de Armas (Renar). Escudero realizó una crítica implícita al organismo oficial, al señalar que entre 1993 y 2004, “unas 310 mil armas salieron del control del Renar” y unos 175 mil usuarios que tienen su licencia vencida “no han entregado sus armas ni han denunciado robo o hurto” de las mismas.

La norma sancionada ayer dispone también que el Ministerio del Interior, a través del Renar, realice “un inventario de armas de fuego, municiones, repuestos, explosivos y materiales controlados en todo el territorio nacional”. La ley crea, además, un Comité de Coordinación de Políticas de Control de Armas y un Consejo Consultivo que tendrá la tarea de “colaborar con las autoridades competentes”. Otro de los argumentos planteados por la APP para justificar la campaña de canje se basa en estadísticas que indican que “entre 1991 y 2004 en la Argentina la cantidad de delitos con armas de fuego se incrementó en un 154 por ciento, que las muertes por accidentes con armas de fuego se elevó en un 80 por ciento y que los suicidios con armas de fuego crecieron un 60 por ciento”.