La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó ayer la intervención de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para analizar la posibilidad y conveniencia del Plan para el Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que elaboró el Gobierno tras una intimación del máximo tribunal. Los ministros de la Corte adoptaron la resolución, tal como adelantó Página/12, tras el informe sobre los avances del plan oficial que les presentó el martes la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti.

La Corte otorgó un plazo de 30 días para que expertos de la UBA analicen la “factibilidad” del programa oficial, elaborado por los gobiernos nacional, bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa iniciada por vecinos de la cuenca del Riachuelo-Matanza.

La Corte no quedó conforme con las respuestas de Picolotti, en algunos casos porque fueron insuficientes y en otros porque la temática expuesta escapa a su especialidad. Por eso, determinó la necesidad de “contar con elementos cognoscitivos de los que carece”, por lo que resolvió “ordenar la intervención” de la UBA, en el marco de la causa “Mendoza, Beatriz y otros c/Estado Nacional y otros, sobre daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental”.

“El Tribunal requiere a la UBA que, con la actuación de profesionales universitarios que acrediten los antecedentes necesarios y apropiados, en orden a las diversas temáticas involucradas, formule las observaciones o recomendaciones que juzgaren fundadas”, precisó el tribunal. La resolución fue firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda.

El tribunal se amparó en el artículo 476 del Código Procesal, según el cual “el juez podrá requerir opinión a universidades cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización”.