“La futilidad del motivo que lo llevó a matar” fue uno de los fundamentos en los que se basó el tribunal que condenó a Edgardo Petrocchi a 15 años de cárcel por el homicidio del joven Pablo Piccioli, luego de una discusión de tránsito en un peaje de la Panamericana, en octubre de 2005. La sentencia no hace lugar al argumento de la defensa –que había pedido sólo tres años, por “emoción violenta”–, y no admite los 25 años solicitados por los familiares de la víctima –quienes, de todos modos, se manifestaron conformes con el fallo–. Por lo demás, ni éste ni ningún castigo individual podrá dar respuesta al debate social que se replanteó fuertemente luego de este crimen: el riesgo de “muertes fútiles” constituido por la tenencia y portación de armas por particulares. Dante Piccioli, después de la muerte de su hijo Pablo, fue uno de los que hicieron punta, junto con la Red Argentina para el Desarme y otras entidades, en la necesidad de tratar “la epidemia de la violencia armada”. En relación con estos reclamos, hace tres meses el Congreso estableció por ley el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de San Martín, presidido por Javier Mariani e integrado por Patricia Toscano y Mario Yutiz, condenó a 15 años de prisión a Edgardo Petrocchi, gerente de una empresa de seguridad privada, por el delito de “homicidio simple”. El fallo fue por mayoría, ya que Mariani había requerido una pena de 19 años.

El fallo destacó “la futilidad del motivo que llevó a Petrocchi a matar” y consideró como agravantes “la utilización de un arma de gran porte”, “el pleno conocimiento del manejo del arma”, “el uso de proyectiles prohibidos”, con punta hueca, y “el razonamiento del hecho cometido y de la posterior fuga”. Como atenuantes, se estimaron “la falta de antecedentes penales” y “el buen desempeño de sus funciones” en la empresa para la que trabajaba, la firma de seguridad privada Watchman SRL, en la cual Petrocchi, de 57 años, era gerente comercial.

Durante el juicio se acreditó que Petrocchi no tenía autorización para portar el arma homicida, una pistola 3.80 que estaba registrada a nombre de la empresa para la que trabajaba. Sin embargo, luego del crimen, Gustavo Acosta, gerente general de Watchman, había manifestado que “Petrocchi era un hombre muy normal, que llevaba un arma sólo para seguridad personal”.

El homicidio tuvo lugar el domingo 9 de octubre de 2005, a las 19.15. Pablo y su hermano Andrés volvían a Buenos Aires desde la casa de su hermana en el country Indio Cuá, en un Renault Clío, por la Panamericana. Petrocchi, que manejaba un Daihatsu Charade, hizo una mala maniobra y rozó el auto de los hermanos. En el peaje de Pablo Nogués, los hermanos bajaron del auto para increpar a Petrocchi. Andrés, según declaró él mismo en el juicio oral, le pateó un neumático del auto. Petrocchi fue hasta su auto, tomó el arma y, a menos de 50 centímetros, le pegó a Pablo un tiro en el abdomen.

Los abogados defensores, Ricardo Ruggiero y Javier Radián, argumentaron que su cliente había actuado bajo “emoción violenta” y que padecía “una neurosis obsesiva”, por lo cual habían solicitado que se le aplicara la pena mínima de tres años de cárcel o, si el tribunal lo condenaba por homicidio simple, la mínima para este delito, que es de ocho años.

La fiscal, Laura Pascual, había pedido 14 años. Jorge Scelzi, abogado de la familia de la víctima, había pedido 25 años de cárcel, máximo castigo para el homicidio simple. Ayer, Alejandra Dizeo, madre de Pablo Piccioli, estimó que el fallo “es un antecedente muy importante para la sociedad. Agradezco a los testigos que se presentaron espontáneamente y se pudo hacer justicia”. El abogado Radián anticipó que apelará el fallo ante la Cámara de Casación, ya que “la pena es muy dura para un hombre que no tiene antecedentes”.

El crimen de la Panamericana contribuyó a activar el debate sobre la tenencia y portación de armas en la sociedad civil. En agosto del año pasado, Dante Piccioli, padre de Pablo, habló en la Casa Rosada, en una reunión con el presidente de la Nación en la que participaron la Red Argentina para el Desarme, las Madres del Dolor y otras entidades, “para que la sociedad argentina sea una sociedad sin armas”, según graficó Piccioli. En esa oportunidad se anunció el traspaso del Registro Nacional de Armas del Ministerio de Defensa al de Interior. El 20 de diciembre del año pasado, el Congreso de la Nación sancionó una ley que establece el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, con vigencia por 180 días.