El presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por poner obstáculos en las causas contra represores, pidió licencia por treinta días en medio de una pelea feroz con el Gobierno. El camarista tomó esa decisión, que atribuyó a razones de salud, después de haber sido cuestionado a puertas cerradas por varios de sus compañeros, que le reprocharon sus peleas con la Casa Rosada a través de los medios. Lo acusaron de poner en peligro a todo el tribunal. Bisordi había dicho que no renunciaría, pero decidió correrse de la escena.

La Cámara de Casación, segundo tribunal en importancia después de la Corte Suprema, está compuesta por cuatro salas de tres integrantes cada una. El pedido de juicio político involucra a Bisordi y a otros tres jueces, que pertenecen a la sala IV: Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Eduardo Riggi. La presentación fue realizada por 61 familiares y sobrevivientes de la dictadura y señalaba dilaciones intencionales en los juicios y cambios de criterio jurídico para favorecer a los imputados. En el Consejo el proceso avanza con celeridad.

Bisordi dejó ayer en el primer piso de los tribunales de Retiro un certificado médico que habla de problemas cardíacos y una “constancia de medicina preventiva y laboral”. Como presidente de Casación quedará ahora Juan Fégoli, de la sala II.

En cuanto se conoció el pedido de destitución, la semana pasada, Bisordi amagó ante sus pares con renunciar a la presidencia del tribunal, según pudo saber este diario. Algunos le sugirieron que esperara y todo quedó ahí. Después del discurso de Néstor Kirchner en el acto del 24 de marzo, donde criticó las demoras en las causas sobre violaciones a los derechos humanos, y en especial a Casación, Bisordi salió a hablar por radio. Acusó al Presidente de buscar “la suma del poder público” y dijo que en sus “cuarenta años de servicio” (dictadura incluida) “jamás había visto una intromisión de la labor de los tribunales”. “¿Por qué no renuncia? Hágale un bien a la Patria”, le devolvió el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Y el juez contestó: “No voy a renunciar, no voy a ceder a ningún apriete”.

En sus apariciones mediáticas, Bisordi aprovechó para exponer su teoría de los retrasos en los expedientes en la que culpa a los querellantes, o sea, a los organismos de derechos humanos y los familiares de desaparecidos.

Después del ping-pong Bisordi vs. Gobierno, la Corte Suprema salió a pedir “mesura” y respeto por la “independencia judicial”, y se sumaron los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, pero nadie salió en defensa del camarista. Es más: su argumento sobre las demoras quedó desvirtuado en la práctica por la propia Casación, que en los últimos días comenzó a notificar decenas de resoluciones a los querellantes en las causas sobre los crímenes dictatoriales, como informó en su edición de ayer Página/12. Sólo en el CELS recibieron 74 cédulas esta semana.

A mitad de semana, con la polémica en su punto más caliente, algunos colegas de Bisordi en la Cámara empezaron a vislumbrar que si seguía hablando “pondría en crisis la continuidad de todos”, comentaron allegados al tribunal. Y se lo hicieron saber. Para peor, el miércoles, Kirchner no sólo volvió a referirse a la Casación y le dedicó un párrafo (aunque sin nombrarlo) al propio Bisordi para reflotar su historial: “Mucha gente –dijo– está esperando que no tengamos más jueces racistas, que porque alguien piensa diferente lo tratan de terrorista”.

Bisordi recibió en 2005 un apercibimiento del Consejo de la Magistratura por llamar “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, una ex detenida de la ESMA. Pero arrastraba otras denuncias. En 1999, la DAIA pidió su destitución –junto con otros dos camaristas– por actuar bajo motivaciones antisemitas y forzar un expediente para favorecer a tres skinheads. Inclusive, ya antes de asumir en Casación su nombramiento fue impugnado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, a cuyos miembros describió como “enemigos ideológicos míos porque tienen una posición ideológica de extrema izquierda”. Lo acusaron de apología de la dictadura y carencia de aptitud psíquica.