En un rápido debate, el 1o de noviembre último, la Cámara de Diputados sancionó la ley que prohíbe los desalojos de pobladores ancestrales durante cuatro años. Legisladores de distinto signo impulsaron la norma y festejaron con brazos en alto. Pero los desalojos no se detienen: Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza son sólo la muestra de cómo empresarios de alto handicap se apropian, con apoyo político y judicial, de las chacras que campesinos habitaron y trabajaron por generaciones. “Se produce una sistemática violación de los derechos humanos y graves agresiones al medio ambiente, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo”, denuncian dos informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que advierten sobre esa tendencia que avanza al ritmo de topadoras y camionetas 4 X 4. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) –organización de base compuesta por unas veinte mil familias– advierten que seguirán resistiendo los desalojos e impulsan un detallado proyecto de ley gestado en las chacras, fincas, puestos y ranchos de la Argentina profunda.

La Defensoría del Pueblo de la Nación recorrió durante los dos últimos años pueblos y parajes de Santiago del Estero y Córdoba. Acompañó a campesinos, habló con puesteros, pequeños productores y organizaciones sociales. De allí salieron dos detallados y extensos informes que llegan a la misma conclusión: “Se registra una ausencia del Estado en todos sus niveles y falta de acceso a la Justicia para los sectores más vulnerables; con la violación, a veces burda, a veces sutil, del principio de igualdad ante la Ley”. Remarca que continúa la violencia por medio de grupos armados o por medio del “uso irregular de la fuerza pública” y advierte que también existe un método de desgaste para que los campesinos abandonen su tierra: cierre de caminos vecinales (con lo que se imposibilita la comunicación entre familias, escuelas y centros de salud), matanza de animales, quema de cercas y cobertizos y destrucción de obras de regadío se han vuelto costumbre en el accionar de algunas empresas de agronegocios. “Es una forma de acorralar y presionar al campesino para que abandone el lugar”, resume la Defensoría.

“Lejos de mejorar, cada día se suman nuevas denuncias de atropellos a campesinos e indígenas. Ahora estamos interviniendo en Mendoza, la zona sur, en El Nihuil, donde puesteros que estuvieron allí por generaciones están siendo desalojados. Es una situación que no para de agravarse”, afirmaron desde la Defensoría a Página/12.

Los blancos de tales violaciones son trabajadores de la Puna, el monte santiagueño, las chacras cordobesas y las fincas mendocinas, que conforman el Movimiento Nacional Campesino Indígena, compuesto por unas veinte mil familias organizadas que conocen sus derechos y ponen el cuerpo en movilizaciones y retomas de campos, que resisten desalojos y proponen leyes para el sector. Además, señalan a los responsables de su actual situación: las empresas de agronegocios (las multinacionales sojeras), las forestales y plantas de celulosa, las empresas mineras y, como socios locales, el poder judicial y político (que, por ejemplo –apuntan–, frena la Ley de Bosques, que prohíbe los desmontes).

Un estudio del Movimiento Campesino resalta que en los últimos quince años se profundizó la concentración de tierras: el 82 por ciento de los productores rurales son familias campesinas y trabajadores que sólo ocupan el trece por ciento de la tierra. Mientras que el cuatro por ciento de las llamadas “explotaciones agropecuarias” cuenta con el 65 por ciento de la tierra productiva de Argentina. Las estimaciones del Movimiento señalan que, en la década pasada, más de 200 mil familias fueron expulsadas del campo hacia barrios empobrecidos de las grandes ciudades, donde “rara vez tienen mejoras en la calidad de vida”. Datos del Indec confirman esa tendencia: en la última década aumentó 14 por ciento la población de las zonas urbanas y disminuyó ocho por ciento la de zonas rurales.

El Movimiento Campesino elaboró un detallado proyecto de ley de territorios rurales, donde aporta una mirada estructural sobre el desarrollo rural: propiedad social y colectiva de la tierra desde una mirada jurídica, social y política, criminalización de campesinos que resisten desalojos, planes de colonización, regreso de campesinos que debieron emigrar a la ciudad y programas específicos para que los jóvenes permanezcan en el campo, son algunos de los numerosos temas. Todo esto enmarcado en activos seguimientos del campesinado, con organizaciones que funcionen con asambleas permanentes. El proyecto también exige declarar la emergencia en cuanto a la posesión, propiedad y tendencia de la tierra, la emergencia ambiental en cuanto al acceso al agua, la tala indiscriminada y la expansión de la frontera agrícola y la suspensión efectiva de los desalojos indígenas y campesinos.

El proyecto de ley también aporta una mirada poco difundida sobre el actual modelo productivo. “Existe en nuestro país un modelo agropecuario basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y concentrado en pocas manos. El modelo genera muchos ingresos en divisas, gran parte queda en manos de los terratenientes y un porcentaje queda en el Gobierno, a través de las retenciones a las exportaciones. Las elites del agro lo promocionan como un modelo muy desarrollado y eficiente, sin embargo la otra cara de esta forma de producir es una gran contaminación del medio ambiente, alta degradación de los suelos, alta dependencia externa por los insumos y una gran deuda social, ya que la producción de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, logrando una escasa distribución de los ingresos.”