En el sistema universitario nacional hay alrededor de 32 mil docentes ad honorem, es decir, docentes que no cobran por su trabajo. Como era de prever, la enorme mayoría (68,7 por ciento) corresponde a la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con un relevamiento interno realizado por el rectorado junto con la Asociación Gremial Docente, al que accedió este diario. Los últimos datos oficiales sobre la docencia no remunerada en la UBA databan de 2004, cuando el censo institucional había señalado la existencia de 11 mil personas en esa situación, aunque estimaciones posteriores ya elevaban sensiblemente la cifra. Sobre la base de los datos actualizados –que se están terminando de procesar a nivel nacional–, sindicatos, rectores y funcionarios del Ministerio de Educación negocian para instrumentar un programa que comenzaría a rentar a los ad honorem desde mediados de año, según requisitos aún en discusión.

El problema de los docentes sin renta creció en las últimas décadas al compás del incremento de la matrícula estudiantil y del ajuste presupuestario. Otro factor del aumento se debió a su carácter gratuito: como no costaba nada, tampoco se exigía demasiado para realizar la designación. Con diversa magnitud, la práctica de nombrar docentes en forma honoraria se instaló en casi todas las universidades nacionales (ver aparte) y se extendió en una planta docente que, en total, cuenta con 130 mil cargos.

De lejos, el ranking lo encabeza la UBA con 21.981 docentes sin salario y una particularidad notable: una sola de sus trece facultades concentra el 43,2 por ciento de los ad honorem de la universidad, nada menos que el 29,6 por ciento de todo el sistema educativo superior. Es la Facultad de Medicina, en la que se desempeñan 9494 docentes no rentados. Poco menos de la mitad de ellos, 4075, ejercen la docencia en la propia facultad (en la carrera de Medicina y también en las de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Nutrición y Obstetricia) y en la red de hospitales universitarios. Pero otros 5202 ad honorem enseñan en hospitales públicos y privados porteños y bonaerenses. “La facultad tiene 63 unidades hospitalarias y no tiene fondos para rentar docentes. La manera de retribuir la tarea de esas personas ha sido una designación honoraria”, dijo a Página/12 el decano de Medicina, Alfredo Buzzi. Según explicó, la facultad tiene tres tipos de relaciones con centros de salud: los hospitales universitarios (Clínicas, Roffo, Lanari, Vacarezza), los asociados (municipales, como el Fernández y el Argerich, entre otros treinta, y varios del Conurbano, como el Posadas o el Evita), y otros hospitales más chicos, que también reciben alumnos (como los de Tigre o Ezeiza). “Ahora estamos analizando la situación de cada uno para solicitar una renta adecuada a las horas que dedican a la docencia”, dijo Buzzi.

Con 2641 ad honorem, la segunda facultad en la lista de la UBA es Derecho, donde está institucionalizada la costumbre de ingresar a las cátedras sin renta, como alumno, seguir así como graduado y recién después de unos años aspirar al salario. La lista continúa con Arquitectura (2402 ad honorem, 216 de ellos investigadores), Ciencias Económicas (2350, los investigadores son 10), Ciencias Sociales (1433), Psicología (1324, con 238 investigadores y 166 en tareas de extensión), Filosofía y Letras (664), Odontología (530), Farmacia y Bioquímica (338, con 11 en extensión), el Ciclo Básico Común (259), Agronomía (233), Ciencias Veterinarias (169) e Ingeniería (144). Sólo una facultad no tiene ningún docente sin rentar: Ciencias Exactas y Naturales.

Después de varios intentos frustrados, la discusión entre las federaciones docentes, los rectores (agrupados en el CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) para que se pague a todos los profesores comenzó a prosperar en 2006 y avanzó en los primeros meses de este año. El relevamiento encargado por la SPU a las universidades, con declaraciones juradas y sucesivos cruces de datos incluidos, tuvo varias etapas y correcciones. En la UBA, el trabajo fue centralizado por la Secretaría de Hacienda, que encabeza Hernán Piotti López.

“Hace cinco años que estamos luchando para sacar a la luz este problema. Nuestro reclamo es que todo docente que trabaja sea remunerado, independientemente de cualquier otro factor”, sostuvo Néstor Correa, dirigente de AGD y Conadu Histórica. Con una partida de 30 millones de pesos, la SPU pretende instrumentar un programa de rentas paulatino –comenzando por quienes revisten mayor antigüedad, dejando de lado a los designados desde 2006– y circunscripto a los docentes que efectivamente dan clases, siempre que hayan sido nombrados de manera formal por la institución respectiva. Esa definición excluiría a los ad honorem que sólo cumplen funciones de investigación o extensión. Y pone en discusión la situación de los que trabajan en hospitales. “La función docente debe ser rentada –agregó Correa–. No queremos que se establezca una situación de no derecho.” Las negociaciones continúan.