El gobierno mexicano ha iniciado una depuración sin precedentes de los cuerpos de seguridad, al destituir a toda la cúpula de la Policía Federal Preventiva (PFP) por connivencia con el narcotráfico. Genaro García Luna, ministro de Seguridad Pública, anunció ayer que 284 altos mandos de la PFP y de la Policía Fiscal (AFI) han sido destituidos en todo el país. La purga incluye a los 34 comandantes de la Policía Federal en los 32 estados de México. El ministro resumió en una frase la voluntad del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad de los ciudadanos: “Necesitamos una policía honesta, limpia y confiable”. Y reconoció que se trata de una medida frontal para combatir el crimen.

El presidente Calderón dio un paso más en la ofensiva contra el narcotráfico, iniciada en diciembre pasado, a los pocos días de su toma de posesión. Hasta ahora, había movilizado a miles de soldados y policías en buena parte del país en operativos donde primó la espectacularidad por encima de la eficacia. La nueva estrategia del área de seguridad del gobierno parece encaminada a combatir la corrupción, “eje de la lucha contra el crimen”, en palabras del ministro de Seguridad.

García Luna rehusó detallar hasta dónde llegaba la complicidad de los oficiales destituidos con los delincuentes y admitió que las autoridades tomaron una decisión tan radical por un conjunto de razones, entre las que incluyó desconfianza, ineficiencia y corrupción. Aludió a “problemas serios en la parte operativa”, de relaciones con la ciudadanía y en la escasa capacidad de investigación. Exculpó, sin embargo, a los afectados –“no era culpa de ellos”, dijo–, porque durante años el gobierno no invirtió en la policía. “Sin complicidad con la autoridad, la delincuencia está condenada al fracaso”, aseguró.

El proceso de depuración de los cuerpos federales de seguridad comenzó hace algunos meses, precisó el ministro, con la convocatoria de un curso especial de capacitación para 306 elementos de la PFP y de la Policía de la Fiscalía, que incluyó exámenes médicos, control antidoping, revisión de la situación patrimonial y detector de mentiras. Seis de los convocados rechazaron ser evaluados integralmente, especialmente en exámenes antidoping, y otros 16 no fueron considerados aptos. Los que aprobaron los exámenes ocupan desde el lunes los nuevos cargos y los 34 que obtuvieron las mejores notas son los comandantes de la Policía Federal en los distintos estados.

Los oficiales relevados de sus puestos serán investigados y podrán asistir a un curso de readaptación, en el que tendrán que pasar todo tipo de pruebas para acreditar que son confiables, que no tienen adicción a las drogas y que no han incrementado su patrimonio. Quienes se nieguen a los exámenes “quedarán automáticamente fuera de la policía”, señaló el ministro García Luna. Los que permanezcan en la institución deberán realizar un curso de varios meses y serán examinados periódicamente. Ninguno de ellos podrá ocupar un cargo de responsabilidad.

La depuración de la PFP, cuerpo integrado parcialmente por militares, forma parte de los planes del gobierno de crear una nueva policía. En una reunión reciente con la prensa extranjera, García Luna anunció la voluntad de su departamento de constituir un nuevo cuerpo de unos 8500 elementos, con formación universitaria. “Queremos que el policía sea lo mejor de la sociedad, como ocurre en los países más desarrollados”, declaró el ministro de Seguridad.

Previamente a la purga de la PFP, el gobierno había tomado medidas contra las policías locales de varios estados. En Nuevo León, el ejército realizó un operativo de varios días en diversos municipios donde fueron detenidos más de 150 efectivos de distintos cuerpos policiales del estado. Todos ellos fueron trasladados a la Academia de Policía por su probable colaboración con la delincuencia organizada. Los nombres de los detenidos figuraban en varias listas halladas en unas camionetas abandonadas por pistoleros en un centro comercial.

La ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, vivió en enero pasado una situación sin precedentes, cuando se puso en marcha el operativo conjunto contra el narcotráfico. Los 2300 policías municipales fueron desarmados y acuartelados por el ejército, cuyos expertos en balística analizaron cuidadosamente las armas de los agentes para determinar si alguna de ellas fue utilizada en actos delictivos. Hace dos años, la Policía Municipal de Nuevo Laredo (Tamaulipas), paso fronterizo con Estados Unidos, fue desarticulada después de un grave incidente en que un grupo de municipales recibió a tiros a un contingente de policías judiciales enviados por el gobierno federal desde la Ciudad de México. Quinientos de los 800 efectivos fueron expulsados por connivencia con el narcotráfico. El diario El Universal aplaudió en su editorial de ayer las medidas adoptadas desde la Secretaría de Seguridad Pública, que calificaba como un buen comienzo. Y añadía que debía reconocer las limitaciones salariales de los efectivos.

Mal pagados y peor entrenados, los agentes mexicanos son presa fácil para el crimen organizado. En 21 estados del país, un policía cobra un salario que oscila entre 2000 pesos (136 euros) y 4000 pesos (272 euros) al mes. Los narcotraficantes no necesitan invertir mucho dinero por cada agente para duplicar sus ingresos y crear sus redes de impunidad, según la Secretaría de Seguridad Pública. El ministro Genaro García Luna reconoce que las últimas informaciones obtenidas de capos de la delincuencia organizada, en las que figuran listas de policías al servicio del hampa, demuestran que “el costo de nómina por pago de policías, en promedio, es de 4100 pesos (279 euros) por agente, o sea que hasta el mismo precio de corromper es bajo para el crimen organizado”.

Involucrarse en alguno de los carteles de la droga puede dar buenos réditos económicos, pero tiene altos riesgos. En lo que va del año, los policías muertos por la violencia de las bandas de narcotraficantes suponen aproximadamente el 10 por ciento del millar de víctimas. En la inmensa mayoría de los casos, los agentes fueron el objetivo de los sicarios de algunos de los dos carteles de la droga que se disputan el territorio mexicano.

La espiral de violencia ha continuado en las últimas horas. Un comandante de la policía estatal fue asesinado en Nayarit, otras cinco personas fueron ejecutadas en el Estado de Guerrero, y en la frontera entre México y Estados Unidos, a la altura de Tijuana, fue descubierto un túnel para introducir drogas o personas.

*De El País de Madrid. Especial para Página/12.