Quizás no sea tan turbio como las aguas de la cuenca más contaminada del país, pero sin duda el escenario judicial de Romina Picolotti pinta engorroso. Además de que afronta una causa penal por sospechas acerca de su gestión en la Secretaría de Ambiente, la Corte Suprema le exigirá informes para que demuestre cómo se cumple y cómo se cumplirá en el futuro el plan de saneamiento del Riachuelo. El máximo tribunal podría firmar hoy una resolución en ese sentido y le pondría un plazo de 30 días para contestar.

Hace algo más de un año la Corte inauguró una política novedosa en el Poder Judicial, cuando hizo lugar a la demanda de 150 vecinos de Villa Inflamable y les ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño que elaboraran un proyecto para saldar una deuda histórica: la limpieza del Riachuelo. La tarea quedó centralizada en la secretaría ambiental a cargo de Picolotti, que presentó un plan cuyo cumplimiento estimó en 15 años. El tribunal resolvió someterlo a discusión en audiencias públicas pero hasta ahora no dio su aprobación.

Entre los jueces supremos subsisten demasiadas dudas y cuestionamientos pese a las explicaciones brindadas por Picolotti. Llevan varios plenarios debatiendo cómo seguir y están cerca de firmar un severo pedido de precisiones. La intención de la Corte, explicó uno de sus integrantes, es “guiar el proceso” y “garantizar la continuidad de la política de recuperación del Riachuelo”, aunque pase el tiempo y cambien los funcionarios.

El tribunal terminaría para hoy –a lo sumo demoraría unos pocos días más– un documento con preguntas que le enviará a la secretaría ambiental. El objetivo es que detalle qué medidas puntuales se tomaron desde el año pasado hasta ahora para eliminar la polución en la cuenca hídrica y qué medidas seguirán. Le señalarán temas específicos, muchos de los cuales se corresponden con las objeciones que surgieron de un informe de factibilidad hecho por expertos de la Universidad de Buenos Aires, que resultó sumamente crítico.

Algunos de los puntos que incluiría el planteo supremo, según pudo saber Página/12, se refieren a: cuánta gente vive cerca de los basurales y qué se está haciendo respecto de esa población, así como con otros asentamientos afectados por la contaminación; si se avanzó en un diagnóstico de la situación sanitaria (hasta ahora deficiente) y qué se está haciendo para dar asistencia a los habitantes de la zona; qué empresas ya han sido desplazadas de los alrededores del Riachuelo y cuáles siguen causando contaminación; qué estudios han realizado para establecer el estado de las llamadas “napas freáticas” (las que están más cerca del suelo) que determinan la polución del agua que toman los pobladores; qué obras se realizaron en el tendido de la red cloacal y la adecuación de las plantas de tratamiento.

Según comentó a este diario un allegado al tribunal, el pedido de informes podría apuntar también a saber cómo se ejecuta el presupuesto y cuáles son las fuentes de financiamiento. Otra fuente suprema advirtió que serían cautos en ese aspecto para “no exceder la función judicial”. Por lo pronto, ayer, la jueza federal María Servini de Cubría le pidió a Picolotti informes sobre los contratos efectuados por la secretaria desde que asumió, en la causa por malversación de fondos que inició el fiscal Guillermo Marijuán.

En la Corte no tienen apuro para fallar sobre la cuestión de fondo, un capítulo que deberá incluir alguna definición sobre si corresponde alguna clase de reparación por el daño colectivo. Recién después que Picolotti aporte las respuestas requeridas, el alto tribunal llamará a una nueva audiencia para que los demandantes hagan sus observaciones. Los magistrados estiman que difícilmente haya sentencia antes de 2008.