El Estado, finalmente, garantizó el acceso al aborto no punible de MFC, la adolescente de Paraná que sufre una severa discapacidad mental y fue violada. Pero la intervención se tuvo que realizar fuera de la provincia de Entre Ríos: se hizo en las últimas horas en un hospital bonaerense. El ministro de Salud, Ginés González García, monitoreó las gestiones que se llevaron adelante en el marco del Consejo Federal de Salud para ubicar un equipo médico que practicara la interrupción del embarazo, después de que en el Hospital Materno Infantil de Paraná todos los profesionales del Servicio de Obstetricia alegaran objeción de conciencia para negarse a concretarla, tal como reveló Página/12. “Lo más importante es que se cumplió con el derecho de la madre, Marta Gauna, de realizar el aborto no punible. La joven está en muy buenas condiciones de salud. Además, se pudo resguardar material genético para que la Justicia pueda probar la violación”, destacó en diálogo con este diario Cristina Ponce, delegada del Inadi en Entre Ríos.

Ponce, junto con la diputada provincial Lucy Grimalt e integrantes de la Fundación Mujeres Tramando de Paraná, acompaña a MFC y a su mamá desde hace casi un mes, cuando la jueza de Menores Claudia Salomón puso el primer obstáculo para el acceso al aborto no punible. Todos estuvieron con ellas en las últimas horas en el lugar de la operación.

La intervención se hizo en un hospital de la provincia de Buenos Aires, cuyo nombre se mantendrá en reserva, al menos hasta que MFC sea dada de alta, para proteger su intimidad y la de su madre, y además evitar que haya amenazas o agresiones sobre el director y el cuerpo médico.

No es casual que se haya hecho en un hospital bonaerense: en la provincia de Buenos Aires existe desde febrero una reglamentación para la atención de los abortos no punibles establecida a partir de una resolución de su ministro de Salud, Claudio Mate, para evitar la judicialización de esos casos. Esta, sin embargo, no ha sido la primera vez que se pone en práctica. Desde hace varios meses la provincia está trabajando en la capacitación de personal médico para que sepa cómo debe actuar ante un reclamo de aborto terapéutico o si la gestación proviene de una violación.

“El Estado nacional garantizó que se haga el aborto. Esto demuestra que se podía hacer desde el punto de vista legal sin ningún problema con profesionales que asumen su responsabilidad. Y también demuestra que no había mayor riesgo a pesar del tiempo de gestación, como argumentó en un primer momento el director del Hospital Materno Infantil de Paraná”, señaló la diputada Grimalt, de la Red de Participación Popular e integrante del Foro por los Derechos de las Mujeres de Entre Ríos. Grimalt, no obstante, lamentó que el Estado provincial de Entre Ríos no hubiera garantizado la práctica como había anunciado que haría el ministro de Salud, Gustavo Bordet, en declaraciones a este diario. La gestación era de casi 19 semanas. MFC permanecerá unos días más internada. Al hospital bonaerense llegó el sábado en una ambulancia del gobierno entrerriano.

En las gestiones para determinar dónde finalmente sería sometida al aborto no punible, después de la negativa comunicada el viernes por el Hospital San Roque, tuvo un papel fundamental el ministro González García. Las diligencias se hicieron en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), integrado por los ministros del área de todo el país. También jugó un rol importante el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Este desenlace demuestra que “hay médicos y equipos de salud que están comprometidos con la salud pública y los derechos humanos y el Ministerio de Salud nacional así como los provinciales los respaldan”, señaló a este diario Valeria Isla, coordinadora del programa.

Para resguardar material genético que permita probar la violación que sufrió MFC, el juez de Paraná que instruye la causa por abuso sexual, Ricardo Bonazola, envió un exhorto al hospital bonaerense con ese pedido.

Gauna, según contaron quienes la acompañaron en las últimas horas, está más tranquila. Esta mujer, de 42 años, diez hijos, extremadamente pobre, enfrentó una dura batalla legal para acceder a su derecho. Pasaron casi cuarenta días, desde el 15 de agosto cuando luego de confirmar con una ecografía en el Hospital Materno Infantil de Paraná que MFC estaba embarazada, pidió que le realizaran un aborto en los términos del artículo 86 del Código Penal. Primero fueron la defensora oficial en nombre del feto, Marcela Piterson, y la jueza Salomón, y luego el padre biológico de MFC con el patrocinio de un activo militante católico, quienes pretendieron pisotear su derecho. La Cámara Civil de Paraná y el Superior Tribunal de Entre Ríos la respaldaron. Anoche, Gauna seguramente durmió más aliviada.