Desde Santiago del Estero

“No era cuestión de decir muerto el perro se acabó la rabia. Era mucho más complejo porque no se trata de perros.” Con esa metáfora, la ex desaparecida Cristina Torres, una de las tantas víctimas de la represión que tuvo la provincia durante la dictadura militar, advierte que los cambios profundos, a nivel local, no podían llegar sólo con el descabezamiento de la fuerza política y policial que respondía al ex gobernador Carlos Juárez y que tenía como ariete al hoy encarcelado ex jefe de Informaciones comisario retirado Musa Azar. “Todos saben que Musa Azar sigue manejando a sectores de la policía, todo el mundo lo sabe y se hace el tonto”, le dice a Página/12 una prima de Patricia Villalba, una de las víctimas del llamado doble crimen de La Dársena. Los cambios, aunque existen, se van dando de a poco, sobre todo respecto de la policía (ver aparte) y del Poder Judicial. Los jueces, dicen los organismos de derechos humanos y hasta coinciden en ese punto –aunque con otros fines–, los defensores de los policías presos por el doble crimen que tumbó al juarismo, “siguen siendo elegidos a dedo y responden a los intereses del actual gobierno”.

Desde el oficialismo, a través de un vocero del ministro de Justicia, Ricardo Daives, se asegura que el gobierno “está dispuesto a seguir con los cambios profundos en la Justicia y una prueba de ello es la realización contra viento y marea del juicio de La Dársena, el más importante de la historia de la provincia”. La fuente menciona la creación del Consejo de la Magistratura como “un paso trascendente” para avanzar en la reforma judicial designando jueces por concurso. Como réplica, Cristina Torres, que trabaja con los organismos de derechos humanos locales, recordó que el Consejo de la Magistratura, por ahora, “sólo designó por concurso a los jueces de paz y ahora está en proceso el nombramiento de los jueces de familia, pero la Justicia penal sigue siendo la misma y funciona con las mismas deficiencias de siempre, sin mucha diferencia de lo que ocurría antes”.

La campaña del gobierno para los comicios de hoy se basó en la realización de obras para la salud (anuncian la inauguración de 11 hospitales), para el mejoramiento y ampliación de las rutas provinciales y en materia de viviendas. No se hace eje en la reforma del Poder Judicial o en la “democratización” de las fuerzas policiales, promesas fuertes, en su momento, para proclamar una ruptura definitiva con el juarismo que muchos creen que no se ha producido, al menos en la forma esperada. Aquella apuesta fuerte le permitió a Zamora y al Frente Cívico llegar al poder en una provincia convulsionada por un doble crimen, el de Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar, que ahora está siendo juzgado en forma oral y pública, con 16 imputados en el banquillo.

Además del ejército de abogados defensores, querellantes, fiscales, defensorías de menores y hasta representantes de la Fiscalía de Estado, a la audiencia sólo concurren, por jornada, poco más de quince familiares de víctimas o procesados y un número similar de periodistas, la mayoría de los medios locales. No hay gente ajena al hecho que concurra a la sala de audiencias o que realice manifestaciones frente a los tribunales provinciales. Sólo hubo una marcha, el martes, cuando comenzó el juicio, organizada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), como parte de la campaña electoral.

En cuanto a la difusión periodística, al juicio oral se le brinda un lugar secundario en los medios gráficos de Santiago. El diario más importante, El Liberal, nunca puso en tapa la noticia de la apertura de la audiencia. Sí lo hizo Nuevo Diario, pero no hubo un gran despliegue de información como se podría esperar. De todos modos, para muchos, sigue siendo el caso judicial “que cambió la historia de Santiago del Estero”. Al margen de la poca repercusión mediática y popular que tiene el debate, los carriles por los que transcurre, al menos en los primeros cuatro días de audiencias, marcan también a las claras la situación por la que está atravesando la Justicia provincial.

“El mayor problema que tenemos los abogados defensores es el hecho de que Musa Azar está en el expediente. La idea (de los jueces) es matarlo a Musa. Yo y mis defendidos no tenemos por qué pagar el hecho de que lo quieran cagar a Musa. El gobierno (de Zamora) lo que quiere es que Musa tenga la culpa por todos los problemas que ocurren en la provincia y por eso ha puesto a estos jueces.” El abogado tucumano César Fabián Barrojo, que defiende a los imputados José Patricio Lludgar, Javier Humberto Juárez y Diego Pablo Sonzogni, le dice a Página/12 lo mismo que viene repitiendo día a día en la audiencia. Los defensores, como táctica común, vienen reclamando hasta la saturación por la nulidad del proceso, argumentando que los tres policías claves, por su testimonio, en el armado de la acusación –el propio Lludgar, Francisco Daniel Mattar y Jorge Pablo Gómez– habrían sido torturados en sede policial.

Los dos crímenes ocurrieron entre enero y febrero de 2003, y la instrucción policial estuvo a cargo de la gente de Juárez y del propio Musa. Los instructores policiales eran hombres acusados por otros casos de apremios ilegales. Nadie afirma en forma contundente, como los defensores de los imputados, que las torturas hayan existido, pero ni los mismos organismos de DD.HH. que claman justicia por las chicas asesinadas pueden descartar esa posibilidad. Las propias familias de Patricia y Leyla reconocen que pudo haber ocurrido algo así. Olga Díaz, la mamá de Patricia, cree en la posibilidad de que Musa “se quiebre y diga toda la verdad. Si es como dice que su hijo es inocente, que hable para salvarlo. Si Musita (Antonio Azar Cejas) es inocente, que su padre sea un buen padre y diga quiénes fueron los asesinos”, le reitera Olga a este diario. Mirta Nazar, la tía de Leyla, piensa directamente que todos son “unos perejiles”, con excepción de Musa.

Cristina Torres, que estuvo en poder del ex todopoderoso comisario Musa Azar, en los años de la dictadura, tampoco quiere que él sea “el chivo expiatorio”. Torres le dice a Página/12 que quiere “una condena fuerte para Musa, pero de ninguna manera que sea el único, porque acá hubo una policía que torturó y que secuestró a personas, en 1973, en 1976 y también después de la vuelta de la democracia. Por eso no hay que pensar que muerto el perro se acabó la rabia. Acá hay muchas cosas por hacer”. Una de las claves, en la reforma judicial a la que se aspira, es que la policía “no haga más la instrucción, que se encarguen de eso los fiscales, que en el actual esquema sólo intervienen a partir de la acusación formal, con los datos que reunió la policía. Es por eso que hoy se sigue dudando sobre si la hipótesis del juicio de La Dársena es la correcta o si sólo se trata de una historia armada. Yo creo que hay muchos elementos ciertos, pero las dudas quedan”.

Las dos hermanas del policía Mattar juran que a él lo han torturado para que confesara “un crimen que no cometió”. Las dos van todos los días al juicio y desde la sala contigua se burlan o abuchean a los jueces que llevan el juicio, Osvaldo Pérez Roberti, Graciela Viaña de Avendaño y Rosa Margarita Piazza de Montoto. “Mi hermano cometió otros delitos, pero acá lo torturaron. Lo hizo el comisario Cejas, que era su propio compañero. Nosotros lo íbamos a ver y no nos dejaban entrar. A mi madre la acusaron de ser la amante de Musa, cuando era una señora mayor. Mi padre se murió de dolor. Acá lo metieron a Musa, que seguramente debe haber tenido algo que ver con todo, y de yapa los arrastraron a otros.” Es difícil saber, a esta altura, si lo que dice es verdad, pero el tal Cejas tiene denuncias por apremios en otros casos y participó en la investigación de la hipótesis que llegó al juicio.

En las sesiones del jueves y del viernes, tanto los jueces como la fiscal del juicio, Olga Gay de Castellanos, fueron maltratados por Barrojo y los demás abogados defensores. “La policía que hizo los interrogatorios era peor que la dictadura de la KGB en sus peores épocas”, exageró María Ramona Vizcarra, defensora de Mattar. Para cuestionar los interrogatorios nocturnos de algunos de los imputados, tuvo palabras fuertes: “Yo trabajo de día, no voy a trabajar en horario de bataclana”. El nivel de las intervenciones es bajísimo y las respuestas del tribunal son paupérrimas. “En el caso está trabajando gente que no tiene ninguna experiencia. Por eso es necesario que el gobierno ponga todo el énfasis en reformar la Justicia. Los jueces tienen que ser designados por concurso, pero en eso han sido tan negativos Juárez como el actual gobernador y como lo fue incluso el interventor federal”, el ex fiscal Lanusse.

Otro rasgo característico del juicio es que todas las partes, incluso los defensores de los policías acusados de tortura y asesinato, hacen invocación de los derechos humanos y sobre la necesidad de democratizar la justicia. “Yo participé de las marchas por la verdad, para reclamar el juicio y castigo de estos crímenes aberrantes”, llegó a decir la abogada Vizcarra. Tanto participó que se quedó “afónica de gritar por Zamora, que ahora me ha decepcionado”. Tal es el clima del juicio, que pocos creen en que se pueda saber “la verdad verdadera” que se dice buscar. “Va a ser muy difícil saber realmente lo que pasó. Hay peligro de que se condene a algún inocente y es seguro que han quedado muchos afuera de la acusación”, insiste Cristina Torres. De todas maneras, sigue pensando que “la clave es Musa y el futuro va a ser mejor si la Justicia se democratiza de una vez por todas. Ya no se puede seguir eligiendo jueces a dedo y que cada gobierno ponga a los suyos”.

Torres recuerda que la mayor dificultad es que “tenemos una policía que comenzó a gestar su perfil en 1960, con la dictadura de Onganía y de Lanusse. No olvidemos que Musa Azar estuvo ya en 1973 al frente de la Dirección de Informaciones, que después siguió en 1976 con la dictadura y que volvió con Juárez en los noventa. Yo estuve cuando se encontraron las famosas carpetas con informes de muchísimas personas. Allí había información no sólo de cuestiones políticas sino también de cosas personales, negociados, infidelidades, informes domésticos y hasta ridículos. En una sociedad conservadora como la de Santiago del Estero, esa información los hizo muy fuertes a Musa y a su gente. Por eso es necesario romper con toda esa estructura, pero no es fácil y todavía hay muchas cosas que no se están haciendo”.