Desde Santiago del Estero

“Nosotros hemos constatado, en directo, la falta de capacitación de la policía y la falta de formación profesional, pero lo más grave que hemos percibido es un gran rencor y un gran odio hacia el gobierno de la provincia. A la vez, hemos comprobado que el gobierno de la provincia no controla a la policía.” Antenor Ferreyra es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Santiago del Estero, que organizó un seminario al que asistieron 600 policías de todas las jerarquías y que tuvo como objetivo contribuir a la democratización del cuerpo.

Otro aspecto importante y que tiene íntima relación con el crimen de La Dársena, es “la falta de entrenamiento para delitos específicos, delitos complejos, control de multitudes, drogas y en otros temas importantes, la policía local no tiene ningún tipo de entrenamiento”. De todos modos, lo que más le preocupa a Ferreira es la falta de controles. “Lo que nosotros pudimos ver es que la provincia ignora lo que pasa en la policía. Eso es preocupante, porque cuando nosotros conversamos, después del seminario, con los ministros de Gobierno y de Justicia del actual gobierno, nos hemos dado cuenta de que nosotros sabemos más de la policía que ellos mismos”.

“Lo que hemos visto es que hay una crisis de referencia y de autoridad dentro de la policía. Ellos no reconocen la autoridad del gobierno y tampoco reconocen a los actuales mandos de la fuerza”, resaltó Ferreyra, en diálogo con Página/12. “Esto significa que tenemos 5600 hombres armados que no tienen conducción, no tienen una política pública clara de seguridad.” Ferreyra sostuvo que la situación es más complicada de lo que está pasando con la policía de la provincia de Buenos Aires. “Puede ser que esa fuerza no esté de acuerdo con el ministro de Seguridad León Arslanian, pero ellos tratan de fijar una política de seguridad. Si los policías no están de acuerdo piden la baja o los expulsan, pero acá la cosa es más compleja porque al no existir una política de seguridad visible, hay toda una improvisación, al punto que no hay una conducción única de la policía.”

En la actualidad, el jefe de la policía de Santiago del Estero es Marcelo Pato, un oficial joven que fue estudiante de sociología. “Pensamos que iba a ser más sensible a los cambios y a la democratización de la policía. Esperemos que el gobierno comprenda que es un tema que debe encararlo y trabajarlo.” Luis Garay, un ex detenido-desaparecido de la dictadura que representa a la entidad que agrupa a las víctimas del genocidio en Santiago del Estero, recordó que a poco de asumir el actual gobierno de Gerardo Zamora se produjo un acuartelamiento policial “que fue terrible porque aparecieron a la luz grupos relacionados con la policía histórica y que son los mismos que hoy están interfiriendo en el juicio, con sus mensajes, con sus amenazas, haciendo aún más compleja la situación”.

Garay sostuvo que esos grupos “son parte de esa policía anterior, por decirlo de algún modo, cuya situación no ha sido completamente definida y que siguen teniendo conexiones fuertes”. Ferreyra interviene para decir que, al principio del gobierno de Zamora, “hubo un discurso interesante, en el sentido de combatir el tráfico de drogas, el abigeato (cuatrerismo), el contrabando, los desarmaderos, que eran las verdaderas cajas financieras de la maldita policía. Hubo un discurso y hubo un intento, pero si uno no tiene una política de seguridad clara, al quitarles el negocio a los policías, tiene que estar preparado para estos remozones que han desembocado en acuartelamientos”.

Tanto Garay como Ferreyra coincidieron en que “o descabezas la plana mayor y formas a los policías que solamente tienen que venir a trabajar por sus sueldos y no por la caja chica, o todo sigue como era entonces”. Los dos interpretan que las cosas se hicieron a medias, para enfrentar a una fuerza que tenía –y tiene todavía– una fuerte incidencia, por ejemplo, en el tráfico de drogas. “Aquí los vuelos con drogas o contrabando, eran notorios. Teníamos más vuelos que el Aeroparque (de la ciudad de Buenos Aires).” Garay recuerda que se hablaba de “unas 600 pistas clandestinas”. Se hicieron famosos los cigarrillos paraguayos Rodeo, que llegaban en forma ilegal a la provincia. “Esa era la cara visible de los vuelos. Por eso, si uno quiere cambiar, tiene que estar preparado para hacerlo y debe transformar a la policía. Si no la transforma, le estás posibilitando el negocio a gente que no está dispuesta a vivir sólo de su sueldo.”

Los dirigentes de derechos humanos advierten que se trata de “una situación peligrosa porque se trata de 5600 hombres armados que no tienen una formación democrática y que no están dispuestos a cambiar. Entonces, es un tema que el gobierno tendrá que abordar de una vez por todas”.