Será difícil establecer cuánto tiempo demandará el proceso de humanización de la vida en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, pero desde ayer los jueces de la provincia saben que el máximo tribunal de la jurisdicción está sumamente preocupado y tomó cartas en el asunto. No es la primera vez que la Suprema Corte interviene para disponer acciones, desde que la Corte nacional dictara el “fallo Verbitsky”, en mayo de 2005. Pero sí es la primera vez que expone el tema en público con actores incluidos, para que digan lo que tengan que decir. Estaban allí no sólo las organizaciones de derechos humanos que solicitaron la convocatoria encabezadas por el CELS, sino especialmente el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco; la procuradora general de la Corte bonaerense, María del Carmen Falbo, y el defensor general de Casación, Mario Coriolano. Además, y por si fuera poco, estaba el público.

En el mundo de la diplomacia jurídica, donde cada gesto es una señal, la primera de todas las señales fue la novedosa apertura a la sociedad de los problemas pseudointramuros; la segunda, que la preocupación por la situación carcelaria fue declarada como de alto interés para el tribunal; la tercera, que si había un público preferencial al que fue dirigida la audiencia fue a los jueces de la provincia, porque ayer la Corte invitó a los jueces a hacerse cargo de las piezas que les corresponden en el rompecabezas carcelario. Y se sabe, en ese mundo tan diplomático hay gestos que pueden asimilarse a órdenes.

“El problema de las cárceles no tiene como responsables únicos al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Los jueces tienen que hacerse cargo de su parte. La audiencia estuvo dirigida a ellos”, confió a Página/12 un avezado decodificador de gestos cortesanos. Y no es poco una audiencia pública, en lugar del distante escrito de una acordada. Esa puede ser la síntesis de la audiencia, como si la Corte advirtiera: “Señores jueces, puede que la justicia pase por los estrados, pero la injusticia se ve que está en las cárceles. Ustedes, ¿qué es lo que hacen al respecto?”.

El CELS, solicitante de la audiencia, estuvo representado por su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, y el abogado patrocinante, Rodrigo Borda. El CELS reconoció que “debe destacarse la sensible disminución de la población privada de la libertad, que corresponde a un doce por ciento del total”, cifra que ronda los 3600 presos desde que se dictara el fallo Verbitsky. Y subrayó que en las comisarías el descenso fue más visible, “de 6035 a 2982 presos, más del 50 por ciento”. “Pero el relativo alivio se distribuye de manera desigual”, señaló, indicando que en muchas comisarías y en la mayor parte de las unidades penitenciarias el hacinamiento sigue siendo igual. Pasaron un video sobre las comisarías de Lomas de Zamora, quizá las más hacinadas de las hacinadas. Antes, Verbitsky recordó que “de las cárceles no tenemos videos porque el Ministerio de Justicia nos prohibió el ingreso con filmadoras, en la resolución 007/05 del subsecretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo, dictada días después de comprobarse el primer caso de torturas en las cárceles bonaerenses, resolución que el gobernador Felipe Solá se comprometió a anular hace dos años, aunque sigue vigente. “La prohibición de las filmaciones –advirtió Verbitsky– es claramente un retroceso en la búsqueda de soluciones.”

Y qué se vio: basura apretada junto a la comida, hacinamiento, falta de aire, cables de luz junto a las duchas, en fin, postales carcelarias en comisarías, y algunos gestos de incómoda sorpresa en la sala revelaron que no todo el Poder Judicial ha visto lo que sucede tras las rejas.

La alocución de Borda, que habló también en representación del Inecip, estuvo dirigida, en síntesis, a hacer una radiografía de la situación, reconociendo lo hecho, pero diciendo que falta el 95 por ciento de las soluciones comprometidas hace dos años.

“Es preocupante –dijo Borda– que las unidades penitenciarias recientemente creadas no respetan los estándares internacionales.” Y se la agarró con el lastre que cargará en la historia la gestión de Di Rocco: el incendio de la unidad 28 de Magdalena con sus 33 muertos carbonizados o asfixiados. El pabellón 16 era un pabellón de los nuevos, de los llamados de “bajo costo”. Tan bajo que no tenían agua para apagar el incendio y, como recordó Borda, tenían camas dobles para “meter más presos por metro cuadrado”. Lo dijo cuando hizo referencia al caótico sistema del misterioso cupo carcelario.

Finalmente, Borda hizo eje en la actuación (o no actuación) de los jueces, con el uso indiscriminado de la prisión preventiva, la escasa búsqueda de soluciones alternativas a la pérdida de la libertad y la escasa dignidad de mantener presas a mujeres embarazadas, a mujeres con hijos de hasta 4 años y de personas con enfermedades terminales.

Por orden, siguió el turno de Roberto Saba, director de la Asociación por los Derechos Civiles, quien sostuvo que “la Suprema Corte tiene la oportunidad, y la necesidad, de adoptar una estrategia innovadora basada en remedios estructurales que permitan hacer frente a la violación sistemática de los derechos de los reclusos”; reclamó la producción de “estadísticas completas” que por el momento no existen y que deben ser “el primer paso” para solucionar el problema.

Llegó el turno de la Comisión por la Memoria, representada por Roberto Cipriano, quien arrojó datos para pensar que todo sigue tan escalofriante como entonces: “En el primer cuatrimestre registramos 2400 hechos de violencia”, cuestionó la prisión de mujeres con hijos, recordó la muerte por desatención médica de Yoel, el bebé preso en Los Hornos, cuyo caso había sido denunciado por el Comité Contra la Tortura, de la CPM, con lo que la pelota volvió, una vez más, contra la parsimonia y el yo argentino de los jueces.

El ministro Di Rocco también cargó contra los jueces: “Es sustancial señalar que gran parte de los problemas que el sistema tiene hoy provienen de la mora judicial”, advirtió y recordó que en Casación “tienen detenidas siete mil causas”, pero no dijo ni mu sobre las constantes apelaciones del jefe del SPB, el abogado Fernando Díaz, cada vez que un defensor oficial presenta un pedido de hábeas corpus, lo que, a la larga, da de comer a la mora judicial que él mismo denuncia.

También tuvieron su parte el defensor Mario Coriolano y la procuradora general María del Carmen Falbo (ver aparte). Cuatro horas después, el presidente de la SCB, Daniel Soria, cerró la audiencia recordando que el “problema carcelario es un tema de primer interés para esta Corte”.