La autonomía e independencia de los defensores oficiales fue uno de los temas que se disparó en la sala. Venía, como ya se dijo en la nota central, dentro de una audiencia marcada por gestos con mucho significado. Para empezar, la Corte había convocado a la audiencia y en la misma mesa a la procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo, y al defensor General de Casación, Mario Coriolano. Coriolano sostuvo que los defensores carecen de autonomía e independencia. Falbo lo negaba. Razones: se da el curioso hecho de que en territorio bonaerense, la Procuración General es la cabeza de los fiscales y también de las defensas oficiales. En pocas palabras, una especie de prevaricato legal. Lo cierto es que los presos tienen como jefe de sus defensores oficiales a su principal acusador, es decir, al fiscal.

“Es toda una señal de la Corte que haya convocado a la procuradora y al defensor de Casación”, indicó un conocedor de los vericuetos judiciales de La Plata. El motivo: la Corte puso en evidencia sobre la mesa un problema práctico y cotidiano, la representación última que tienen las defensas es también jefe de los fiscales. La autonomía reclamada por Coriolano tiene sentido porque los fondos de las defensorías los controla la Procuración, y la independencia, porque la jefa de los fiscales hace indicaciones y observaciones a los defensores que éstos deben cumplir.

“Cerca del 80 por ciento de los presos dependen de los defensores oficiales”, recordó Rodrigo Borda, representante legal del Cels. Y agregó que “los problemas de los defensores se traducen, entonces, en situaciones de indefensión para el 80 por ciento de los presos”. Y destacó que “no existen políticas serias para la defensa pública”.

Falbo tomó nota y respondió a su turno señalando que no sancionaba por actos propios del quehacer de una defensoría, que no perseguía y que apoyaba a las defensas, y que, por otra parte, era la Constitución provincial la que la ubicaba a la cabeza de unos y otros. “Está incómoda, nunca quiso venir a esta audiencia donde no es parte y recibe bifes”, sintetizó una abogada que asistió a la audiencia.

“La cuestión disciplinaria es preocupante, la aplicación de penalidades o sumarios que quedan abiertos es preocupante para el funcionamiento normal de un defensor, puede constituirse en un mecanismo de extorsión”, contraatacó el abogado del Cels, organismo que además patrocina en más de un caso a miembros de defensorías sumariados por la procuradora.

Falbo rechazó por completo cualquier sombra de persecución, cuestión que luego fue constatada por este diario. El Cels patrocina a un defensor amonestado por Falbo por pedido del juez de Cámara Eduardo Alomar, quien se sintió ofendido cuando el defensor le recordó que actuaba como los jueces de la dictadura luego de que el magistrado le impusiera las costas de un recurso de amparo, tal como hacían los jueces de la dictadura con los familiares de detenidos-desaparecidos. En otro caso, no hubo sanción sino denuncia penal por pronunciar palabras soeces y desmedidas. No se menciona como sanción el desplazamiento o freezer.