Organizaciones de defensa de los derechos de los chicos expresaron su preocupación por la decisión política del macrismo de “desmantelar” el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, el órgano encargado de adoptar medidas de protección de derechos de los menores y de monitorear las políticas públicas dirigidas a esa población, encaradas por otras áreas del gobierno porteño. La futura subsecretaria de Promoción Social y actual legisladora Soledad Acuña adelantó esa intención días atrás en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, cuando informó que serán transferidas a la Dirección de Niñez, próximamente bajo su órbita, varios de los programas del organismo, entre ellos uno de erradicación del trabajo infantil y otro contra la explotación sexual, y también el Centro de Atención Transitoria (CAT), un pequeño hogar adonde son derivados los chicos que enfrentan situaciones de emergencia. Según las organizaciones, entre los planes del nuevo gobierno estaría la intención de “desjerarquizar” el organismo.

El Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes fue creado en 1998 por la Ley 114, votada por amplia mayoría en la Legislatura. Comenzó a funcionar en octubre de 2000, durante la gestión de Aníbal Ibarra, y desde entonces estuvo a cargo de María Elena Naddeo. Por ley, depende de Jefatura de Gobierno. Como una de sus funciones es el contralor de las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, su jerarquía en ese ámbito les permite monitorear a los demás ministerios, como el de Educación y el de Salud.

Acuña adelantó en la Comisión de Presupuesto que la intención del macrismo es que pase a depender del Ministerio de Desarrollo Social. Lo dijo el 21 de noviembre, según consta en la versión taquigráfica de la reunión, de la que participó el designado jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien había sido invitado a explicar los lineamientos de su futura gestión.

Pero para poder transferir el Consejo a otra área hay que reformar la Ley 114. Acuña lo sabe. Por esa razón, explicó: “Hasta que podamos consensuar las modificaciones de la Ley 114, funcionalmente (el Consejo) va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo. Legalmente depende del jefe de Gobierno por la Ley 114, pero las políticas que hemos analizado, y lo expliqué personalmente, lo que es operativo, programático se transfiere al área que tendré a cargo, que es la Dirección de Niñez”, abundó Acuña.

La modificación del status del organismo, del cual hoy dependen 14 defensorías de niños y adolescentes ubicadas en distintos puntos de la ciudad, la Línea 102 para denuncias y varios programas, puso en alerta a organizaciones que forman parte del Foro de los Derechos de los Niños, constituido hace dos años en la Legislatura. “Estamos muy preocupados. Lo quieren desmantelar. En el Consejo funciona una guardia permanente de abogados que trabajan las 24 horas, que deriva los casos de urgencia al Centro de Atención Transitoria. Si al CAT lo transfieren a la Dirección de Niñez, para pedir una vacante tendrá que tramitarla ahí, lo que podría ser un obstáculo”, advirtió Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que preside Estela de Carlotto. Schulman manifestó su temor de que el Consejo sea “desjerarquizado”. El Foro de los Derechos de los Niños lo integran, entre otras instituciones y ONG, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Fundación Amanecer y Fappiar, una entidad que agrupa a hogares de niños. “Es muy grave que lo saquen de la Jefatura de Gobierno. Es el organismo que fija las políticas y tiene que ejercer el rol de contralor sobre las demás áreas del gobierno, en el sentido de que cumplan con los derechos de los niños. No es un órgano sólo asistencial y de prestación de servicios. El Consejo es para todos los chicos, no sólo para los pobres”, agregó Schulman.

A tal punto estaría decidida ya la “desjerarquización” del Consejo que en el proyecto de Presupuesto, cuyo tratamiento está previsto para hoy en la Legislatura, el macrismo lo ubicó dentro del Ministerio de Desarrollo Social, según confió a este diario un legislador que responde al futuro jefe de Gobierno porteño. ¿Un error, un acto fallido o una expresión de deseos? Ayer, diputados del macrismo se ocuparon de corregir esta confusión y el Consejo volvió –en el papel– a su lugar.

A través de la Línea 102, el Consejo recibió 3534 denuncias (verificadas) en el primer semestre de 2007: los principales motivos están relacionados con detenciones policiales de adolescentes y con situaciones de violencia familiar, maltratos y abusos. Además tiene un Registro de Chicos Perdidos, en el que hasta el 30 de septiembre había 481 casos denunciados. En su servicio de guardia permanente, los abogados atendieron a lo largo del año casi 5000 casos. Por el CAT, pasaron medio millar de pibes en situaciones de urgencia, por la vulneración de sus derechos.