Entidades antitabáquicas iniciaron una serie de entrevistas con senadores nacionales para destrabar la aprobación del Convenio Marco de Control del Tabaco, que ya fue ratificado por más de 150 países –entre ellos, todos los de América latina– pero no por la Argentina. Según una representante de las entidades, las causas residen “en que la mayoría de los senadores pacta con los de las siete provincias tabacaleras, que responden al lobby de la industria del tabaco y de los grandes cultivadores: a los pequeños productores, en cambio, les convendría reconvertir sus cultivos, muy a largo plazo, como lo impulsa el Convenio”.

“Ya nos recibió Daniel Filmus –presidente de la Comisión de Ambiente– y se manifestó bien dispuesto; prevemos reunirnos con Carlos Reutemann –titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se halla actualmente el proyecto– y otros presidentes de comisiones”, contó Verónica Schoj, titular de la Alianza Libre de Humo (Aliar). El Convenio fue firmado en 2003 por el presidente Néstor Kirchner. En la reunión con Filmus, además de Aliar –que representa a 73 ONG–, participaron la Unión Antitabáquica Argentina –que incluye más de 200 ONG– y Lalcec, que tiene más de 250 filiales en el país.

Pero “es fuerte el lobby de las provincias productoras de tabaco. Entre las medidas que alienta el Convenio hay una estrategia, a implementarse en el curso de muchos años, para desalentar el tabaco y reemplazarlo por otros cultivos, esencialmente alimentos. Las asociaciones de productores presentan esto como una amenaza para el Fondo Especial del Tabaco, que representa millones de pesos para la producción tabacalera. En realidad, el Fondo mismo puede usarse para planes de sustitución de cultivos, lo cual beneficiaría al 80 por ciento de los cultivadores, que viven en condiciones paupérrimas, pero los pocos grandes cultivadores, que concentran los subsidios, ejercen un lobby feroz”, sostuvo Schoj.

La representante de Alit advirtió que “las condiciones de salud y seguridad de los cultivadores son muy malas: padecen las ‘enfermedades del tabaco verde’, por exposición a la nicotina de las hojas y a los agroquímicos. Y es el sector agrario con mayor índice de trabajo infantil. De hecho en Goya, Corrientes, un conjunto de pequeños cultivadores manifestó ya su disposición a empezar con un plan de sustitución”.

El otro gran lobbista, o el principal, “es la industria tabacalera –subrayó Schoj–: con respecto al Convenio Marco, no hemos detectado que hiciera un lobby explícitamente, pero sí por intermedio de las asociaciones agrícolas, como lo hace en todo el mundo mediante la International Growers Association. El hecho es que en la Argentina, cada vez que se presenta un proyecto de ley contra el tabaco aparece un senador de alguna provincia tabalera para presentar un contraproyecto a imagen y semejanza de los que redactan las tabacaleras. Así pasó hace unos tres años, cuando el ministro de Salud Ginés González García había presentado un buen proyecto y la senadora jujeña Liliana Fellner presentó el suyo. Desde la década de los 70 se han presentado más de 50 proyectos de ley. Sólo llegó a aprobarse el de Aldo Neri, en 1992, pero fue vetado por el presidente Carlos Menem”.

Según Schoj, “sucede que, aunque las provincias tabacaleras son sólo siete, los demás senadores tampoco ratifican el Convenio por temer que, si lo hicieran, los otros negarían su apoyo en otros asuntos de interés para sus respectivas provincias”.