Inaplicable y demagógica. Así definieron a la flamante ley de trastornos de la alimentación tres expertos médicos del país, Jorge Braguinsky, director del postgrado en Nutrición de la Universidad Favaloro; Julio Montero, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (Saota); y Susana Gutt, subdirectora de la carrera de Nutrición de la UBA. Braguinsky y Gutt advirtieron, además, que las prepagas y las obras sociales no podrán brindar atención a todos los obesos del país, ni siquiera a la décima parte de los más de 7 millones de personas adultas que, se calcula, sufren esa enfermedad, que no tiene cura. “La epidemia de obesidad es de tal magnitud que el sistema de salud no aguantará”, alertó Braguinsky. “No digo que no hay que hacer nada. Hacen falta acciones y no una ley”, opinó. Más que una normativa para una enfermedad en particular, coincidieron los tres, debería implementarse un programa de prevención. También cuestionaron que se haya puesto en la misma bolsa a la anorexia y la bulimia, porque son problemáticas que no tienen nada que ver con la obesidad: “Es como juntar obesidad, tuberculosis y sífilis”, ejemplificó Montero.

Según señaló Gutt, la obesidad alcanza a entre el 22 y el 25 por ciento de la población. Si se suma a los que tienen sobrepeso, el porcentaje trepa al 50 por ciento. “La OMS define al obeso como la persona que tiene un Indice de Masa Corporal (IMC) de 30; a partir de 25 tiene sobrepeso”, señaló la especialista en Nutrición del Hospital Italiano. El IMC es una ecuación que se obtiene dividiendo el peso por la talla y elevando ese resultado al cuadrado. “Pero el punto de corte, es decir, el índice de 30, está estudiado para la raza caucásica, y no para los nativos que viven en Argentina, aunque hay muchos descendientes de europeos a los que podría aplicarse. De modo que lo que primero que habría que estudiar es cuál es el criterio estadístico epidemiológico para definir que una persona es obesa. Y hay que tener cuidado de que finalmente no se promueva la enfermedad porque si a un paciente, para que le cubran un tratamiento le faltan un par de kilos, los va a querer aumentar. En Australia, por ejemplo, para uno de los grupos étnicos, los Nauru, el sobrepeso se define a partir de un IMC de 28 y la obesidad, de 32, porque son más musculosos y de mayor tamaño. En Japón, en 22 y 25 respectivamente”, detalló Montero. Es decir, el primer problema que plantean los especialistas es a quién se va a considerar obeso.

En segundo lugar, si se va a brindar cobertura y tratamiento a todos los que entren en esa definición, el sistema de salud colapsará por “la pandemia imparable” que es hoy la obesidad, apuntó Braguinsky. Además, señaló Gutt, es una enfermedad que no se cura ni tiene buenos tratamientos para enfrentarla. “La diabetes no se cura pero tiene buenos tratamientos, la obesidad todavía no”, diferenció Gutt. De todas formas, rescató que se haya incluido en el PMO, aunque no es partidaria de la sanción de leyes para enfermedades específicas. “La gente no elige enfermedades sino que se enferma. No debería existir el PMO, pero como existe, esta ley nos deja en mejor posición para tratar a los pacientes. Lo que no sabemos todavía es cómo será reglamentada, si se cubrirá un tipo de tratamiento o todos, una consulta o todas, un fármaco o todos. En ningún país del mundo hay una ley de obesidad”, advirtió Montero.

Braguinsky consideró que tampoco hay en el país una cantidad suficiente de especialistas en obesidad, bien formados, para hacer frente a la demanda de tratamientos que podría derivar de la flamante normativa. “No digo que no hay que hacer nada, en muchos países no hay ley pero hay acciones. En Argentina hacen falta acciones y no una ley. En Europa hay distintos programas de prevención en seis o siete países. También en Canadá y en Australia. Un aspecto fundamental sería convocar a representantes de todos los ámbitos involucrados en el problema, de la industria alimentaria, de los medios, maestros, profesores de educación física, antropólogos, médicos, periodistas, entre otros, para definir y consensuar los aspectos prioritarios de un programa nacional de lucha contra la pandemia de la obesidad”, opinó Braguinsky.

Otro aspecto controvertido para los expertos es el que tiene que ver con los llamados kioscos saludables en las escuelas, que promueve la ley. “No es igual lo que necesita nutricionalmente un chico que llegó al colegio después de media hora de andar en burro o el que vive en la Patagonia, que un chico de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el principal problema nutricional infantil en la Argentina es la anemia por falta de hierro, con lo cual si ofrezco frutas y verduras nada más les estoy dando alimentos que justamente no tienen hierro”, planteó Montero. Braguinsky directamente es partidario de que no haya kioscos en las escuelas. “No se pueden prohibir pero sí llegar a esa decisión democráticamente. Si mi nieto puede comprarse un alfajor, es inútil que yo le quiera ofrecer una manzana para que coma en el recreo”, opinó el profesor universitario.

–¿Tiene alguna importancia la ley? –le preguntó PáginaI12 a Montero.

–El hecho de que considera a la obesidad como problema de salud. Pero en general, las prepagas y las obras sociales no niegan ni los análisis ni los medicamentos como sucedía antes. Esta ley nunca debería haber existido. Dado que la obesidad es una enfermedad, el paciente debería recibir la atención que necesita como tal.