El economista del Plan Fénix Aldo Ferrer es mencionado como uno de los candidatos a conformar un consejo de notables para hacerse cargo del Indec. La presidenta Cristina Fernández lo citó ayer al referirse a las calificadoras de riesgo que le bajaron la nota a la Argentina (ver página 8), pero hasta el momento nadie del Gobierno lo llamó para un ofrecimiento concreto. En este reportaje con PáginaI12, Ferrer reclamó una solución rápida que despeje las sospechas de manipulación.

–¿Lo llamaron para conformar un consejo de notables en el Indec?

–No. Escuché muchas versiones, pero a mí no me llamó nadie.

–¿Espera que haya algún cambio?

–Es un tema que hay que resolver a la brevedad. Mi opinión es que el Indec debe manejarse con autonomía para despejar las sospechas de manipulación. Si seguimos discutiendo cómo se mide la inflación nos olvidamos de la inflación, que es el verdadero problema. Los interrogantes sobre el Indec distraen la atención de los temas de fondo. Hay mucha gente en el país que puede trabajar bien en el organismo. Se necesita autonomía para recuperar, por lo menos, la confiabilidad que tenían las estadísticas públicas antes del conflicto. Pero no hay que hacerse ninguna ilusión de que cuando el conflicto se resuelva va a desaparecer la polémica sobre cuál es la verdadera inflación. Seguirán apareciendo mediciones alternativas, porque los argentinos tenemos gravada una dolorosa memoria inflacionaria.

–¿Por qué supone que el Gobierno permitió que la crisis de credibilidad llegara tan alto?

–Yo no le veo beneficio ninguno. Se sugiere que es para pagar menos deuda. Como hay títulos públicos indexados por CER, cuanto menor sea la tasa de inflación menor será el ajuste de esos bonos. Pero los problemas financieros hay que resolverlos con instrumentos financieros, como hizo el Gobierno esta semana con la recompra de bonos. No conviene usar instrumentos ajenos, porque genera un grado de confusión y sospecha que no le hace bien a nadie, al que quien peor le hace es al Gobierno, que debe generar en la sociedad la mayor confiabilidad posible y con la política hacia el Indec producen lo opuesto, la instalación de un clima de sospecha. El Gobierno está haciendo muy bien en darle un grado de participación importante al Congreso en la discusión de distintos temas. Ese es el camino, profundizar la ganancia institucional.

–¿Le preocupa el aumento de la inflación?

–En un país con una memoria inflacionaria como la nuestra, es un tema del que hay que ocuparse. Lo del Indec genera expectativas todavía más negativas. Para colmo, como dije antes, Argentina debe tener el record mundial de estimaciones de precios distintas a las oficiales, y eso antes de esta crisis en el Instituto. Por eso insisto en que la polémica sobre la inflación no terminará cuando se resuelva la situación del Indec, aunque sí se va a aliviar.

–¿Las mediciones privadas le resultan confiables?

–Depende, hay algunas hechas con más rigor y otras no tanto.

–¿Cuál sería un nivel de inflación razonable?

–No más del 10 por ciento anual. Entre 8 y 10 por ciento. En una economía que viene creciendo tan fuerte, con cambios de precios relativos, esos niveles estarían bien, son digeribles. Cuando se supera esos límites empiezan las tensiones.

–¿Qué importancia tiene el problema actual de precios?

–No estamos frente a un drama inflacionario. Tenemos un problema que hay que atacar. La inflación es alta, pero no está descontrolada, como tantas veces en el siglo pasado. Nos estamos moviendo con una multiplicidad de estimaciones privadas que van de 0,8 a 1,4 por ciento de suba el mes pasado. Eso revela que, aun en la peor de las hipótesis, no estamos ante un descalabro de precios. Uno puede seguir caminando con esta piedrita en el zapato que molesta, pero si se la saca, mejor.

–¿Usted por qué lado avanzaría?

–Lo primero es introducir una reforma que termine con la polémica del Indec, que la sociedad asuma que las mediciones son técnicamente correctas y no manipuladas. En cuanto a la política económica, se necesita consolidar la solvencia fiscal y perfeccionar un acuerdo social para administrar la puja distributiva.

–¿A qué se refiere con solvencia fiscal?

–Se requiere un superávit primario superior a 4 por ciento del PIB, una señal contundente de que el Estado mantiene las cuentas en orden y que no hay ninguna duda de la capacidad para cumplir con los pagos de deuda.

–Llegar a ese nivel de superávit implica un recorte de gastos.

–Debe bajar el ritmo de crecimiento del gasto respecto del aumento de la recaudación. Hay que trabajar en las dos vertientes: hacer un replanteo tributario, porque el sistema sigue siendo inequitativo, y cuidar el gasto. En el tema tributario hay una agenda de reformas pendientes muy importantes, que en la fase de recuperación se podía soslayar porque lo importante era repuntar, pero que ahora que la economía llegó a niveles de actividad tan altos se convierte en una cuestión estructural.