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El primero de los operativos violentos con que el gobierno de Mauricio Macri debutó en la calle el 22 de febrero de 2008 se produjo en un playón ubicado enfrente de las Barrancas de Belgrano, junto a las vías del ferrocarril Mitre, en avenida Virrey Vertiz, entre Pampa y Sucre. En aquella ocasión, un grupo de empleados corpulentos, sin uniforme y todavía no encuadrados en lo que hoy se conoce como la UCEP, inició el desalojo por la fuerza de medio centenar de cartoneros con el respaldo de la Policía Federal, que produjo casi una decena de detenciones.

Todo ocurrió por la mañana, bien temprano, después de que Fabián Rodríguez Simón, el entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, firmara una resolución de tres carillas que en su artículo 1 disponía la “desocupación administrativa de los ocupantes de la Plaza Barrancas de Belgrano, correspondiendo el retiro de todas las instalaciones de los ocupantes existentes en el lugar, bajo emplazamiento en caso de negativa o ausencia de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los mismos, labrándose la correspondiente acta notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad”.

La orden del funcionario tenía un error de cálculo. Exigía el retiro de los recicladores urbanos, sus carros y el material que recogían por las calles de un lugar que no era tal, como lo haría notar el abogado de los desalojados, Gastón Sánchez: las Barrancas de Belgrano se ubican enfrente y no están pegadas a las vías, donde se habían instalado los cartoneros para protestar por la cancelación del denominado tren blanco en el que los transportaba la empresa TBA.

Rodríguez Simón sostenía en los fundamentos del pedido de desocupación, que las personas que cartoneaban en el lugar “no se encuentran en situación de calle ni carentes de alojamiento, pero no estuvieron dispuestos a aceptar la propuesta de traslado a sus hogares realizada por funcionarios de este ministerio”.

Lo que sí sentó un precedente de la política dada al espacio público que sobrevendría tiempo después, el funcionario lo definió así, basándose en el Tratado de Dominio Público del jurista Miguel Marienhoff (1903-1998): “...la administración pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias”.

Lo curioso fue que en el operativo de Pampa y la vía, el gobierno del PRO argumentó que Marcela Solano, una fiscal contravencional, había determinado el desalojo de los cartoneros. Desde la Justicia lo desmintieron, aunque Rodríguez Simón, por las dudas, ya había invocado aquello del “excepcional privilegio” de la administración macrista.