Entre las pruebas que aportó la fiscal, una sostiene que los acusados ya averiguaban entre la guardia privada del country si había vigiladores que usaran un arma calibre .32, antes de que se conocieran los resultados de la autopsia en la que se encontraron los cinco proyectiles en el cráneo de MM. “Conocían que la habían asesinado con esa arma, se deshicieron de ella y buscaron otros autores”, dijo Zyseskind. También sostuvo que “se asesoraron con un abogado penalista, el doctor José Licinio Scelzi”, dijo la fiscal y mencionó una llamada que le hicieron al abogado a las 19.40 del mismo día del crimen. “Hacían reuniones en su estudio”, agregó la fiscal. También sostuvo que realizaron una “investigación paralela” y buscaron “sospechosos” como “el vecino Nicolás Pachelo” o “los vigiladores” para hacer creer que se trató de un homicidio en ocasión de robo, lo que fue descartado de plano por Zyseskind. “No fue un robo. No faltó nada, ni siquiera la bicicleta de María Marta.”

La fiscal Zyseskind hizo una defensa de su colega, Diego Molina Pico. “No quedó impune el hecho porque Molina Pico no parara el velatorio. El encubrimiento ya se había cometido mucho antes”, dijo la fiscal. “Al fiscal le ocultaron información. Nadie le dijo que la víctima tenía una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Nadie le dijo que John Hurtig tenía dudas, que habían tirado un proyectil por el inodoro o que habían limpiado la escena del crimen”, agregó la fiscal.

Finalmente, solicitó que no pudieran salir del país, y que se presentaran cada 72 horas en tribunales. Los jueces María Elena Márquez, Alberto Ortolani y Ariel Introzzi Truglia rechazaron el planteo de la concurrencia cada tres días con el argumento de que no se puede agravar la situación con la que los imputados habían llegado a juicio.