En un encuentro realizado por la AFIP a 226 contribuyentes, la mayoría monotributistas, el 71 por ciento reconoció que el trabajo ilegal es “un problema muy grave en Argentina”. Casi la misma cantidad cree que en el país no se desarrollan actividades para erradicarlo y éstas son muy necesarias. El desconocimiento sobre lo actuado no es casual, muchos medios de comunicación hegemónicos invisibilizaron los allanamientos judiciales y los operativos del Ministerio de Trabajo y la AFIP. Para la mitad de las personas consultadas resultan “efectivas” las campañas publicitarias y “muy efectivas” medidas como los operativos sorpresa. Estos, según indican en la AFIP, son informados el mismo día a los inspectores, a quienes no se les dice el lugar del procedimiento hasta que llegan allí. Más del 80 por ciento de los encuestados cree que la “difusión de acciones y sanciones impuestas a los empleadores” son centrales para estos fines.

En una pregunta con respuesta múltiple sobre las penas que deberían recibir los explotadores, la mitad de los consultados optaron por multas elevadas y el 26 por ciento por penas de prisión de más de 5 años de cárcel. “Si conociera una situación de trabajo esclavo, ¿la denunciaría?”. La mitad respondió que lo haría si la denuncia fuera anónima, el 31 por ciento lo haría aunque no lo fuera. La encuesta fue hecha en su mayoría a hombres, 80 por ciento, y el 71 de los participantes tiene una carrera terciaria o universitaria terminada.