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La red Ninguna Persona Es Ilegal, de la que participa Nico, se organizó como movimiento de defensa de los sin papeles: asesoran, abren contactos con las diferentes comunidades, buscan apoyos de otras organizaciones. Esa misma red es la que desde el 29 de enero pasado salió en defensa del propio Nico y Kepa, el militante vasco detenido junto a él. “Sudaca de mierda”, le gritaban los policías dentro del CIE. “A vos voy hacer lo imposible por expulsarte del país”, amenazó el comisario. El 1º de febrero, ya libre, Nico recibió una orden de expulsión, acusado de desorden público, que se haría efectiva en 8 días. Siendo ciudadano italiano, la extranjería resultaba difícil de aplicar. Se utilizó entonces otro argumento: la ley Corcuera, de Seguridad Ciudadana. Una denuncia de los policías que le fisuraron a golpes la mandíbula y un par de vértebras presentaron una denuncia donde aseguraban que Nico los había golpeado.
Con la denuncia se abrió un expediente administrativo que no corre por vía judicial y es el que dispone la expulsión. Lo que no contaban los policías es que, dentro del CIE, una abogada que estaba visitando detenidos, fue testigo de la golpiza. A la letrada la sacaron de las pestañas, pero no fue suficiente para impedir que la mujer presentara una denuncia. Ahora se organizó un gigantesco movimiento por la anulación del expediente administrativo, y que el caso gire en torno a las denuncias ante la justicia.
Masivas movilizaciones reproducidas por los medios, infinidad de críticas internacionales, el pedido de la oposición de que el subdelegado del Gobierno de Málaga y Almería, Carlos Rubio –responsable de la orden de expulsión–, dimita a su cargo, miles de faxes enviados a la subdelegación para rechazar y cuestionar la decisión gubernamental, han colocado al gobierno en una cornisa: o decide la expulsión y afronta una catastrófica marejada internacional en su contra, con agrias repercusiones políticas en su faz interna, o cede ante las presiones y enfrenta a un movimiento de inmigrantes que crece con fuerza.
Por el momento, el expediente administrativo no fue archivado, pero tampoco avanza. El indicio de que la decisión tiene su peso para el gobierno es que los 8 días de plazo para la expulsión ya vencieron.