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El dólar se paró, pero el conflicto social no. Eduardo Duhalde asegura que el nuevo plan económico reactivará la producción y creará fuentes de trabajo, pero nadie sabe cuánto demorará. Son tiempos distintos los de la economía y los del hambre y la enfermedad. El Gobierno necesita tomar medidas extraordinarias para paliar la crisis social, pero su plan depende de la ayuda del FMI y el FMI condiciona su ayuda a ajustes y recortes que limitan el gasto social. Sin la ayuda del FMI, su plan quedará en el aire, pero con esa ayuda sucederá lo mismo si la crisis estalla antes de que los efectos de esa reactivación puedan ser percibidos entre la gente.
El presupuesto que envió al Congreso navega entre esas aguas tormentosas y es rechazado por muchos legisladores porque sigue la lógica del ajuste. Pero también es criticado por el FMI porque no ajusta lo suficiente. Un plan económico que no dependa del FMI implicaría una lógica diferente, alianzas sociales distintas y un protagonismo mayor de los sectores populares. Implicaría una relación conflictiva con Estados Unidos y el Fondo, que no lo tolerarían. Pero si el Fondo insiste con sus cláusulas estará creando las condiciones para ese proceso que tanto le espanta.
Si el movimiento social, las asambleas de vecinos, las comisiones piqueteras, la protesta gremial y demás, tuviera representación política, seguramente ese proceso ya se habría iniciado. Como no lo tiene, su capacidad de incidir en las decisiones políticas y económicas está limitada. La dureza del Fondo en el marco de una crisis social sin precedentes actúa como catalizador y pronto habrá una política que exprese ese proceso. En política, los espacios vacíos siempre son ocupados.
La protesta social se produce por oleadas, hasta que estalla. Nadie puede decir que no tiene razón de ser. Es un país sin remedios y con el sistema de salud quebrado, con más del 20 por ciento de desocupación, con aumento de precios y casi la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza. El hambre y la enfermedad no tienen tiempos. Deberían ser la primera prioridad de cualquier gobierno. Emergencia sanitaria implica sacar recursos de donde sea para que funcionen los hospitales y haya medicamentos. Y emergencia alimentaria lo mismo. No son trámites burocráticos. La discusión por el dólar y el corralito o los gestos hacia el FMI no pueden parar o achicar los planes sociales que, en medio de ese tironeo, parecen escasear en el peor momento.