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Los casos más mediatizados como el de Axel López, en la ciudad de Buenos Aires, como el de Rafael Sal Lari, en San Isidro, o los de los cuatro jueces mendocinos mencionados (ver aparte) no cierran el perfil del diagnóstico acusatorio contra funcionarios judiciales que intentan aferrarse a lo que marca la ley y la Constitución. La grilla se completa con muchos nombres y marca un modelo que los especialistas denominan de control sobre determinadas líneas acusadas, sorprendente y contradictoriamente, garantistas.

Guillermo Boiero fue destituido en Río Negro por haber concedido una salida de un día y con custodia a un detenido para ayudar a su madre, a la que se le había desmoronado la casa. En Tucumán, la camarista Alicia Beatriz Freidenberg de Ferreyra fue destituida porque había concedido un traslado y durante el viaje el preso se fugó del camión penitenciario. La Corte provincial la reincorporó cinco años después.

Recientemente, se destacan los casos platenses de Luis Arias y el defensor juvenil Julián Axat, también ubicados en el ojo de la tormenta metafórica y literalmente. O los de los jueces del tribunal que llevó adelante el caso de Marita Verón, Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, quienes, más allá de las responsabilidades denunciadas, funcionan como punto final de otras responsabilidades muy anteriores, habida cuenta de que el caso lo destruyó jurídicamente la burda investigación fiscal y policial, la cobertura política y la propia Justicia desde una década antes. No se debe olvidar que el jury, como mecanismo de control, no es despreciable, sino que según los expertos falta aún describir y precisar sus límites y limar imprecisiones como la del “mal desempeño”, figura tan imprecisa como el merodeo.

La semana pasada, dos camaristas de Lomas de Zamora cayeron en la volteada. Jorge Rodríguez y Tomás Bravo, de la Sala III de Apelaciones, dejaron en libertad condicional a un joven condenado al absurdo período de 32 meses. El joven salió y mató a su vecina Marcela Márquez. No está claro que la solución hubiera sido impedir su salida hasta el cumplimiento de la condena, unos meses después. Lo cierto es que los jueces no cumplen los requisitos mediáticos: no son “garantistas”. Este mes, tal como publicó Página/12, la Casación bonaerense cuestionó severamente a Bravo y Rodríguez por aceptar el procesamiento a una madre de 18 años denunciada por la abogada de la defensoría civil pública a la que había concurrido a pedir consejos.