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Un centenar de personas fueron condenadas en los últimos cuatro años y medio por el delito de trata en el país. La mayoría son varones, de nacionalidad argentina, involucrados en casos de explotación sexual de mujeres pobres. Las víctimas afectadas resultaron en un 36 por ciento de Paraguay y en un 30 por ciento de Argentina. En total, ya se llevaron a cabo 74 juicios, 65 de los cuales terminaron en fallos condenatorios y sólo 9, con absoluciones. Los datos fueron revelados por el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la unidad de Trata de Personas de la Procuración General de la Nación, que ayer fue relanzada con nueva estructura, con el objetivo de mejorar la persecución del delito en todo el país. En una entrevista con Página/12, Colombo detalló las nuevas funciones del flamante organismo y precisó que se conformará una red de colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas, con el diseño de un nuevo sistema federal de información para facilitar la búsqueda. Además, cuestionó los proyectos que penalizan al cliente de prostitución –“son innecesarios ahora”– y reclamó al Ejecutivo la reglamentación de la reforma a la ley de trata para avanzar con la creación del Consejo Federal que permitirá que representantes de ONG participen del proceso de definición de las estrategias para enfrentar a la trata. También destacó que las denuncias de casos de trata “han crecido exponencialmente en los últimos tres años” y advirtió sobre la persistencia de protección policial para el funcionamiento de grandes bandas prostibularias. “Hay distintas investigaciones en curso que todavía no han llegado a sentencia de las que surgen que existen verdaderas sociedades con funcionarios públicos, principalmente policiales”, señaló.

Hasta ahora Colombo encabezaba la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata (Ufase). La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, lo acaba de designar al frente de la nueva Procuraduría de Asistencia en Trata de Personas (ver aparte).

–¿Qué cambia a partir de ahora?

–La procuraduría se dividirá en dos áreas de actuación. Una de investigación y litigación de casos; la otra de corte institucional para que interactúe con organismos públicos y del sector civil para generar mejores herramientas de prevención, capacitación, asistencia a víctimas y detección de casos.

–¿Qué tiene en mente para mejorar la persecución del delito de trata?

–Por un lado, profundizar la selección de investigaciones genéricas que se inicien sobre la base de analizar toda la información que dejan los casos individuales de trata de personas. Eso permitirá iniciar investigaciones que apunten más arriba en la escala de responsabilidades de los actores de la trata. Llegando a estructuras de organización más grandes y a sus líneas de cobertura y apañamiento oficial.

–¿Por qué hasta ahora no se han descubierto grandes bandas? ¿No existen o tienen suficiente protección?

–Lo que hay son grandes redes prostibularias con protección policial y quizá de alguna otra índole también. Hay distintas investigaciones en curso que todavía no han llegado a sentencia de las que surge que existen verdaderas sociedades con funcionarios públicos, principalmente policiales. Recientemente, la red Vip de Olivos, donde está involucrado un subcomisario. Hay otra causa grande que se inició en 2009, donde apareció que muchísimas comisarías de la Capital Federal, casi el 60 por ciento del total, fraguaban actas policiales y declaraciones testimoniales para simular la no existencia de prostíbulos.

–¿En qué situación se encuentra esa causa?

–Avanza lentamente. Las causas se inician a partir de una denuncia. Tenemos muchos casos chiquitos. Queremos hacer un buen análisis de la información que surge de esos casos para cruzar en las que aparecen los mismos teléfonos, los mismos funcionarios o imputados. En general, los casos grandes son los que más le cuesta procesar a la Justicia.

–¿Se está avanzando en la persecución de la trata?

–Sí, sabemos más sobre el delito y se avanza en la persecución. Ya tenemos 65 fallos condenatorios desde que entró en vigencia la ley, casi cinco años atrás. Sin contar los delitos conexos, como la explotación de la prostitución.

–¿La trata es un delito que está en crecimiento?

–Al cobrar mayor visibilidad, se van cuestionando las prácticas sociales donde se esconde la explotación –prostíbulos, talleres textiles, granjas–. Al comienzo, los operadores de la Justicia, fiscales, jueces, eran muy cuidadosos para determinar si había explotación o no en un prostíbulo, por ejemplo. Pero cuando se comprueba que el 90 por ciento de los casos de explotación sexual se da en mujeres pobres, surge claramente que hay una asimilación de la trata y la explotación. Las reglas del sistema prostibulario constituyen una situación de explotación como para decir que es trata. Las denuncias han crecido exponencialmente en los últimos tres años. Pasamos más que a duplicar los casos.

–¿Hay más casos o la mayor visibilidad del tema en los medios de comunicación, fundamentalmente a partir del caso de Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco por encontrar a su hija, contribuye a que haya más denuncias?

–La gran visibilidad que ha tenido el delito es un factor seguramente que contribuye a que se denuncie más. También es cierto que hay una mayor conciencia de que prácticas que antes se consideraban parte del entorno encubrían delitos. Hay casos de vecinos que denuncian Vips o privados que hay en su edificio. Antes no decían nada. Por otra parte, hay casos de desapariciones que se inician como trata pero que resultan fugas de hogar. Pero está bien que se inicien como trata.

–¿Qué opina de los proyectos recientemente presentados en el Congreso que buscan penalizar el consumo de prostitución?

–Me parece que son innecesarios hoy. Se acaba de sancionar una nueva ley –la que reformó la ley de trata– que recién empieza a aplicarse, en donde se castiga al proxeneta, a quien explota sexualmente a mujeres, sin que haga falta probar si lo hace recurriendo a la fuerza, engaño u otros medios comisivos. La sola explotación sexual hoy es delito. Debemos esperar a ver cómo se aplica la ley y si no se consigue con esta norma eliminar la explotación sexual de mujeres por parte de terceros, recién ahí volver sobre esta cuestión. Lo que sí hace falta hoy mismo, además de empezar a aplicar la nueva figura penal, es reglamentar la ley sancionada por el Congreso, para que se pueda crear el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo contra la Trata. El primero de ellos permite que representantes de las ONG participen del proceso de definición de las estrategias de lucha contra la trata. Eso es muy importante.

–Se armará una red de colaboración con la búsqueda de personas desaparecidas...

–Sí, la idea es contribuir a mejorar un déficit advertido a nivel federal en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Se propondrá el diseño de un sistema de información y registro actualizado a nivel federal de lugares en donde es factible la aparición de personas indocumentadas o cuya identidad se desconoce (hospitales públicos, morgues, manicomios, registros de accidentes, entre otros) o sitios de explotación (por ejemplo, mujeres encontradas en situación prostibularia). El objetivo será trabajar en el enriquecimiento de las medidas a tomar frente a una desaparición, priorizando la reunión de información con alcance interjurisdiccional. La experiencia ha hecho notar también que las fuentes de información pertinentes para la búsqueda en nuestro país están muy atomizadas y poseen una desconexión que atenta contra las posibilidades de éxito en la búsqueda. Es por ello que también resulta adecuado que dentro del ámbito de esta procuraduría se intenten desarrollar mecanismos y herramientas que ayuden a reducir los efectos de esa atomización y desconexión, cuanto menos para los perfiles de desaparición que en algunas ocasiones han obedecido a casos de trata de personas.

Colombo explicó que se nombrarán contrapartes de la procuraduría en las distintas provincias “para que la política criminal diseñada desde la PGN llegue sin interferencias a todas las jurisdicciones”. “Para eso contamos con fiscalías federales que han picado en punta y vienen trabajando muy bien en sus jurisdicciones, a las que sumaremos al resto del país”, señaló. También precisó que impulsará la creación de mesas de trabajo provinciales integradas por actores dedicados a la investigación, a la asistencia a víctimas y de la prevención del delito. “Queremos que la integren funcionarios públicos y actores del sector civil. Estos últimos son los primeros que nos van a decir lo que estamos haciendo mal, y eso es de sumo valor. Creemos que federalizar más el sistema de asistencia permitirá un mejor cumplimiento de las instrucciones generales para los fiscales ya dictadas –y a dictarse– para el desarrollo de investigaciones por esta modalidad delictiva. Y a la vez, un valor de referencia territorial para el conocimiento de las problemáticas propias de cada provincia o región.”