A fin de año, a partir de la conmoción social que causó la absolución de los trece imputados por el secuestro y la desa-parición de Marita Verón, tomó impulso el tratamiento y la sanción en el Congreso de una reforma a la ley de trata vigente desde el año 2008, muy reclamada desde las ONG que trabajan en la temática. Con las modificaciones se aumentaron las penas, se reforzaron los derechos de las víctimas y a la vez –uno de los aspectos más importantes– se eliminó la exigencia que regía para víctimas mayores de edad, a la hora de probar el delito, de demostrar que no habían dado su consentimiento para estar en esa situación. “Nadie puede consentir su explotación”, señaló a Página/12 Marcelo Colombo. La nueva ley integró al Ministerio Público Fiscal en el Consejo Federal para la Lucha contra la trata y explotación de personas, un organismo que entre otras facultades tiene la de diseñar las estrategias nacionales para el combate a la trata y aprobar el plan de acción que debe realizar el Comité Ejecutivo, que es el otro órgano creado por la ley. “Estas facultades dependen de una reglamentación del Poder Ejecutivo que se espera con ansiedad”, apuntó Colombo.