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Mirhta Sisnero está dando una dura batalla para poder trabajar como colectivera, un empleo que busca por su salario y el horario acotado a ocho horas diarias, que le daría la posibilidad de estar más tiempo con sus dos hijos. Ella es divorciada. En su dictamen, la procurador general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, destacó que desde hace más de cinco años Sisnero intentó “activa pero infructuosamente” ser contratada como chofer en alguna de las siete empresas operadas por la Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor (Saeta). Se presentó para solicitar trabajo ante todas las empresas que al final tuvo que demandar, solicitó la mediación de Saeta, denunció su caso y solicitó la intervención de distintos funcionarios provinciales y nacionales, así como del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, y radicó una denuncia ante el Inadi.

A partir de estas gestiones, el 12 junio de 2008 el Concejo Deliberante sancionó la Resolución 138 mediante la cual requirió a las empresas de transporte que concedan a Sisnero y a cualquier otra mujer que lo desee “igualdad de oportunidades en el acceso al oficio de chofer de colectivos”. El 29 de diciembre de 2008, Sisnero reiteró el pedido para ser contratada como chofer ante las empresas demandadas. En febrero de 2009 intimó a cada una de las empresas para que adopten medidas de acción positiva en aras de asegurar un número equitativo de hombres y mujeres en el plantel de choferes y para que dispusieran su incorporación como chofer. Pero jamás obtuvo respuesta.

El Estado provincial, a través de la Autoridad Metropolitana de Transporte, concesiona la red de colectivos y la controla. En 2009, con el patrocinio de la defensora oficial Natalia Buira, Sisnero resolvió recurrir a la Justicia. Buira presentó un amparo colectivo contra las empresas en su nombre.

La sentencia de la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la demanda y ordenó el cese de la discriminación por razones de género. También resolvió que las empresas debían contratar personal femenino hasta alcanzar un treinta por ciento de la planta de choferes.

Pero las empresas nunca cumplieron el fallo y lo apelaron. Finalmente, el 8 de junio de 2010 la Corte Suprema de Justicia de Salta hizo lugar parcialmente al recurso. Por un lado, entendió que no se había probado debidamente que, ante una posible vacante, se haya preferido la contratación de un varón por sobre la de una mujer, en igualdad de condiciones. Pero al mismo tiempo exhortó a las empresas, a los fines preventivos, a que “en futuras contrataciones se asegure que la postulación de mujeres será analizada sin tomar en cuenta su condición femenina sino en base a los mismos requisitos que los exigidos a los hombres”. Sisnero presentó un recurso en queja ante la Corte Suprema. En su dictamen, Gils Carbó consideró que se debe hacer lugar a ese planteo, al considerar que las empresas nunca demostraron que la exclusión de Sisnero respondía a un fin legítimo. “El comportamiento de las empresas consistió en ignorar sistemáticamente la postulación de Sisnero, quien ni siquiera fue convocada a una entrevista para competir por los puestos en los que, finalmente, contrataron a hombres”, recordó Gils Carbó.