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La Ley Antisecuestros aprobada el miércoles por el Congreso, que amplía las facultades de los fiscales federales para tomar medidas en jurisdicciones que no sean la propia, también trae lo suyo en cuestión de polémicas y críticas. Según la explicación oficial, los fiscales quedarán habilitados a allanar en casos de urgencia y de riesgo para la víctima, buscando agilizar la investigación y el proceso judicial. “En principio, la ampliación de facultades a los fiscales federales es tan criticable como las recientemente votadas en la provincia de Buenos Aires –señaló Gustavo Palmieri, del CELS–. Además, se muestran interesados en agilizar los procesos en los casos de secuestro. No es por el tipo de delito que el plazo será más breve.”
“¿Por qué no es extensivo a todos los tipos de delitos? –preguntó Palmieri–. Si la extensión de los procesos es mucho más notoria en otro tipo de delitos, donde hay personas que pasan meses y meses detenidos y sin proceso. Lo que ocurre es que el secuestro es escandaloso, es tratado por la prensa, y entonces se hace necesario un golpe efectista.”
Una de las particularidades que tiene la nueva ley es que pretende agilizar la investigación cuando la vida de la víctima corre peligro. “En el caso de los allanamientos –destacó Palmieri–, la práctica ha demostrado que esto es imposible porque, de hecho, los fiscales no intervienen en forma directa y abierta hasta que la víctima no fue liberada. Y después de liberada, alegar urgencia por la vida de la víctima no tiene sentido.”