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Cuando las mujeres reclamamos cumplimiento de nuestros derechos a una vida digna sin violencias, no sólo aludimos a relaciones de pareja sin malos tratos, físicos y verbales, lo que comúnmente se denomina violencia de género. El derecho al aborto libre, seguro y gratuito constituye un punto nodal desde el cual repensar la condición de sujeto de las mujeres, ya que la maternidad ha sido el punto nodal de sujeción social y sexual.

Las mujeres, desde distintas pertenencias, nos venimos movilizando para lograr que Argentina garantice el acceso seguro y gratuito al aborto. Estamos convencidas de que la legalización del aborto es un derecho fundamental para todas las mujeres, porque se refiere a la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Sin embargo, la criminalización de esta práctica sigue siendo una barrera para el autogobierno y la libertad reproductiva de las mujeres, que impacta con mayor crudeza sobre aquellas ya marginadas en la estructura económica e implica serias violaciones a la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde se desarrollen sus relaciones interpersonales.

En los últimos años se han dado importantes avances, en gran medida gracias al activismo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, frente a una sociedad que muestra madurez para debatir y apoyar este reclamo, el Parlamento se abroquela y retrae el espacio de discusión formal de este derecho de las mujeres que ya fue apropiado en las calles y en las casas.

El mismo esquema institucional que resiste debatir la no maternidad como elección de vida válida para las mujeres es el que propicia que al interior de los servicios de salud, sea sumamente difícil, cuando no imposible, acceder a un aborto permitido por la ley o a la atención posaborto respetuosa de la confidencialidad y sin censuras morales. Indisponer este tipo de prácticas que son legales y medicalizar el embarazo, parto y puerperio, como conductas que abonan un trato deshumanizado para las mujeres, configuran violencia obstétrica que conlleva, además, violencia contra la libertad reproductiva por cuanto esfuman completamente la soberanía de las mujeres sobre sus propios procesos reproductivos.

Como mujeres católicas nos preocupa a su vez escuchar en distintos contextos, que la existencia de un Papa argentino es la principal traba para la legalización del aborto. Este tipo de afirmaciones manifiesta la incompleta laicidad de nuestro país que lleva a que algunos sectores obstaculicen los derechos de las mujeres en ofrenda a un líder religioso. La profundización de una democracia inclusiva y de una ciudadanía plena para todas las mujeres argentinas requiere defender la autonomía de la religión y la política, como una muestra auténticamente respetuosa de la división entre la Iglesia y el Estado en los diseños institucionales y en la conducción de los destinos de nuestro país.

Legalizar la práctica del aborto es una decisión de compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Reconocer a las mujeres argentinas el pleno derecho a decidir sobre si continuar o interrumpir un embarazo legalmente es también parte de sus relaciones interpersonales y es también parte de la decisión de seguir con la violencia contra las mujeres o erradicarla.