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“La paridad no es un aumento del cupo, que por definición es una medida transitoria orientada a fortalecer la presencia de colectivos sociales con problemas crónicos de exclusión, sino que la paridad se trata del reconocimiento de la ciudadanía femenina en igualdad de condiciones con los varones”, dijo María Elena Martin, doctora en Ciencia Política, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad del Salvador, consultada sobre la necesidad de que se consiga la paridad de género.

Martin hizo su tesis de doctorado con un estudio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones entre 1983 y 2003, comparando las etapas precupo y poscupo, así como las carreras políticas y la producción parlamentaria por género.

La síntesis de ese trabajo, “Diez años sin cupo, diez años con cupo: ¿qué cambió con la cuota de género? Un análisis a partir del caso de la Provincia de Misiones 1983-2003” fue publicada en el libro de Nélida Archenti y María Inés Tula (compiladoras) La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas, en 2014.

Allí plantea que durante los primeros diez años desde la recuperación democrática en 1983, “la presencia de mujeres nunca superó el 15 por ciento de los miembros de la Cámara de representantes. A partir de la sanción de la ley de cupo provincial 3.011/93, esta proporción alcanzó un 25 por ciento y progresivamente un 30 por ciento”.

Pero “el “treinta por ciento” parece haberse constituido en un nuevo “techo de cristal” para la representación femenina en la Cámara de Representantes de Misiones. Esto es así porque los dos partidos principales del período estudiado, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), han aplicado la cuota de género con un criterio “minimalista””, dice el documento.

Señala también que cuando las mujeres acceden al Poder Legislativo, “se encuentran con una institución fuertemente ‘generizada’. La distribución de las funciones jerárquicas está casi exclusivamente en manos masculinas. Solamente una mujer ocupó la Presidencia de la Cámara y no se registran casos en que una legisladora haya ejercido la presidencia de alguno de los bloques partidarios. Tampoco han presidido las Comisiones que tratan cuestiones ‘relevantes’, que las pondría en roles protagónicos y con mayor capacidad de incidencia en las políticas públicas”.

En cuanto a las carreras políticas de mujeres y varones, entre otras cuestiones, observó qué pasa luego de que los/as parlamentarios/as concluyen su mandato. “Los datos permiten afirmar que el 58 por ciento de los varones continúa su trayectoria política en alguno de los tres poderes del Estado” mientras que en el caso de las diputadas, apenas “un 35,58 por ciento de las legisladoras accedió a otro cargo político”.

Una de las conclusiones principales a las que llega el trabajo es que la ley de cupo no avanzó “sobre las causas que producen la subordinación social de las mujeres”. Porque, “a pesar de su mayor presencia en los espacios legislativos, éstas registran un déficit de autoridad en relación con los varones, que debe rastrearse en su propia conformación como ciudadanas”. Además, “los varones continúan siendo preeminentes en la ocupación de los espacios de poder al interior del cuerpo y se erigen como los principales productores de la ley. En el mismo sentido operan los mecanismos de reclutamiento político, por tanto a través de estrategias de cooptación familiar, los varones amplían sus propios espacios de poder a través de ‘sus’ mujeres”.

Eso la lleva a postular que “las mujeres no podrán tomar decisiones y hacer efectiva su capacidad de representación de los intereses colectivos sin mediación masculina, mientras no sea realidad la participación igualitaria en las decisiones del Estado”.

Consultada por este diario, se explayó sobre ese punto: “Si las mujeres tuvimos que luchar para ser parte de la sociedad política, que nació y se desarrolló masculina –explicó–, nuestra ciudadanía siempre fue considerada de un orden inferior a quienes se autoinstituyeron como los representantes de ‘lo humano’. Por ello la paridad puede significar un nuevo pacto de ciudadanía. Parafraseando a Marcela Lagarde, puede entenderse como ‘la construcción radical de la equivalencia humana’, en tanto se trata de una garantía del principio de igualdad que cambia el pacto fundante de la democracia”.