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“¿Cómo hacemos para que los chicos se queden en los colegios?”, con esa pregunta Alberto Minujin disparó uno de los más profundos debates que Unicef Argentina se dispone a llevar adelante en el contexto de país en crisis. Minujin trabaja para Unicef en Nueva York. Desde ese rol sintetizó ayer los problemas de la infancia en el país. Lo hizo en el primer Foro Permanente para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia que fue encabezado por Edward Madinger, representante de Unicef en la Argentina. El encuentro reunió a dirigentes de organizaciones civiles, intelectuales y profesionales, e intentará convertirse en un hecho político en medio de un contexto social donde la situación de la infancia intenta leerse como emergente de un proceso global de desequilibrio creciente: “Donde se ve absolutamente claro –dijo Minujin– el aumento de disparidades entre países y al interior de los países”.
Quizá por eso Minujin abrió el debate con una serie de estadísticas entre las que destacó el grado de acceso a la escuela de acuerdo al nivel de ingresos. Los datos son el resultado de un cruce hecho por Unicef con los cifras de la Encuesta Permanente de Hogares en conglomerados urbanos durante 2000. Y muestran que mientras casi la mitad (50,3 por ciento) de los niños de 3 y 4 años de los niveles más altos accede a la escuela, entre las franjas de niveles bajos quienes concurren son 22,4 por ciento. Estos datos estuvieron en la base de la convocatoria que pretende un cambio de percepción para la protección de los derechos de los niños. En ese sentido fue medular la intervención de José Nun, abogado e investigador del Conicet: “Es necesario volver a hacer conexiones de sentido, es necesario –dijo– que se entienda el problema de la niñez como un problema de la democracia”.
La crisis en el ámbito de la infancia comenzó a gestarse hace dos décadas. Así lo planteo Minujin durante su intervención detallando con datos las características de este proceso que ahora concluye con “la disolución social”. En ese marco, Carlos Bigalli asesor del departamento judicial de San Isidro, llevó hasta el extremo una definición propia sobre el rol que está jugando el Estado en este nuevo contexto: “La única vía de inclusión del Estado es el sistema penal”.