La violencia contra las mujeres es “la manifestación más flagrante de inequidad”, consideró ayer el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, y reclamó a los gobiernos del continente “medidas más eficaces” para evitar, sancionar y erradicar este flagelo al que calificó como “lacra antidemocrática”. Fue ayer al inaugurar la reunión del Comité de Expertas latinoamericanas que evaluarán en Buenos Aires, a lo largo de tres jornadas, el cumplimiento de la Convención interamericana contra la violencia hacia las mujeres, conocida como Convención de Belém do Pará. El canciller Jorge Taiana también participó del acto, que se llevó a cabo en el Palacio San Martín. “Es un tema que como país tenemos que trabajar”, reconoció. “En el hemisferio, las mujeres no se pueden sentir seguras ni en su casa, o especialmente en su casa. Es inaceptable”, evaluó Taiana. Y opinó que la forma de combatir este flagelo es “que no haya impunidad”.

El Comité de Expertas, integrado por 28 especialistas independientes de los países del continente que han ratificado el tratado, sesiona por primera vez fuera de Washington. Y también, por primera vez, invitó a organizaciones de la sociedad civil a exponer sus puntos de vistas sobre los avances y obstáculos en la aplicación de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en cada uno de los países. Ayer por la tarde fueron escuchadas las ONG.

Este tratado es el único en el mundo que aborda la problemática de la violencia contra las mujeres: además de reconocerla como una violación de derechos humanos, obliga a los Estados parte a adoptar medidas progresivas para combatirla. Las expertas evaluarán el cumplimiento en cada país de la convención y elaborarán un informe hemisférico con recomendaciones generales y particulares para cada nación. La vicecoordinadora del comité es la abogada argentina Susana Chiarotti.

Como adelantó en su edición del martes Página/12, los principales cuestionamientos señalados por las ONG argentinas fueron la falta de una política de Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres, que se traduce en la ausencia de un plan nacional, en partidas presupuestarias específicas escasas, en la persistencia de obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la Justicia y la falta de capacitación en los tribunales para abordar el tema, y la inexistencia de sistemas estadísticos serios que midan la real dimensión del fenómeno. La penalización del aborto también fue considerada como una forma de violencia hacia las mujeres. Se criticaron, además, las dificultades para acceder a los abortos no punibles en hospitales públicos y la ausencia de una política contra la trata de personas, un delito que todavía ni siquiera está tipificado. Otra asignatura pendiente reclamada por las ONG fue una ley sobre violencia laboral, que incluya la sanción al acoso sexual.