Aquellas familias que se enteran de su existencia, pueden solicitar al Ministerio de Desarrollo Social porteño un subsidio para desahuciados que paga diez cuotas mensuales de 450 pesos por grupo familiar. La cantidad de beneficiarios, con el aumento de los desalojos en 2007, también creció: pasaron de ser 4146 en 2006 a alrededor de 6000 el año pasado, aunque las estadísticas no están actualizadas. La Defensoría del Pueblo denuncia la “insuficiencia” del monto, que “no resuelve el problema”. Entretanto, las familias beneficiarias deben lidiar con los atrasos en los pagos. Denuncian que hay casos en que no se abonan las cuotas desde octubre. Por esa razón, un grupo de ONG se movilizarán hoy a las 11 al Ministerio de Desarrollo Social porteño para solicitar que se regularice la situación.

Los subsidios habitacionales fueron decretados por el gobierno de Aníbal Ibarra, y ya en sus primeros meses comenzó a presentar desajustes en el pago de las cuotas. Según explicó a Página/12 un referente de Proyecto 7, una ONG que trabaja con personas que sobreviven en la calle, la crisis “se agudizó”. La parte que le toca al actual gobierno de Mauricio Macri al frente de la Ciudad es “hacerse cargo de dar una respuesta” a esta situación heredada del Ejecutivo anterior, pero también propia, porque fue la Legislatura, con mayoría del PRO la que aún no se encargó de los proyectos presentados como alternativas al subsidio.

Frente a esta situación de un Estado moroso, que en algunos casos no cumple con las cuotas “desde octubre”, un grupo de organizaciones sociales se movilizarán hoy a las 11 a Pavón y Entre Ríos, para solicitar “que el Gobierno de la Ciudad cumpla con su promesa de resolver los incumplimientos antes de fin de año”, según contó a Página/12 Enrique Grandolini, de Proyecto 7. También denunció que “a algunos beneficiarios se les pagó 300 en lugar de 450, y se trata de gente que estaban viviendo en un parador, que tuvo que dejarlo porque no aloja a subsidiarios, y no pueden alquilar por lo poco que les pagaron”.

Según la jefa de Derechos Sociales de la cartera de Desarrollo Social, Silvina Penella, se trata de una compensación “insuficiente”, porque “no se paga una pensión con esa plata y alquilar una casilla en una villa ya cuesta arriba de los 400 pesos”.

Además de ese subsidio, existe un programa de créditos hipotecarios a largo plazo que, según Penella, “está cerrado hace más de un año”. Pero incluso si los desalojados pudieran acceder a estos empréstitos, el tope crediticio de 75 mil pesos les dificultaría acceder a una vivienda al menos digna para una familia tipo.