Joel y Mercedes llegaron desde Lima en 2001, para que su hija Laura estudie Derecho en UBA. Seis años y medio después, los dos con más de 60, viven en la casa-comité de CIBA. Llegaron allí hace pocos meses. Antes vivían en Castillo 144, Villa Crespo, con otras 120 personas. Pero fueron desalojados mediante un juicio que duró tres años porque lo resistieron con los dientes apretados. Tienen que vivir entre telas que hacen de paredes y colchones con un metro de espacio vertical el uno del otro, seis grandes y un chico, un hombre, cinco mujeres y una nena. Joel es contador público pero trabaja en una verdulería para pagar la universidad de Laura, que estudia en Morón porque no la tomaron en UBA por problemas de documentación. Mercedes limpia casas y, entre ambos, juntan 850 pesos por mes. En septiembre cobraron el subsidio, pero en octubre les dejaron de pagar, como a tantos otros. Joel quiere trabajar y pagar su vivienda, no le pide a nadie que le regale nada. Entiende que el negocio es “satisfacer la demanda de los jóvenes turistas” y no la suya, turista latinoamericano de manos curtidas de trabajo. Hace tiempo que arma un programa de viviendas para presentar al Estado, pero a veces tiene que dejarlo de lado por el caos que significa la falta de techo.