La medida alcanzó a Edgardo Aroldo Otero, Alberto Gabriel Vigo, Miguel Angel Rodríguez, Miguel García Velasco, Juan Carlos Fotea, Carlos Octavio Capdevila, Mario Pablo Palet, Julio César Binotti, Eduardo Morris Girling, Carlos Eduardo Daviou y Ricardo Lynch Jones.

En una resolución de más de 250 páginas, el magistrado -con la intervención del secretario Diego Slupski- analizó cada uno de los centenares de casos por los que los ex jefes navales fueron procesados con prisión preventiva que cumplen en el penal de Marcos Paz.

El juez también trabó millonarios embargos en los bienes que llegan a los 370 millones de pesos (García Velazco), en tanto a Otero se lo embargó en 285 millones; a Vigo por 94 millones; a Rodríguez, 16 millones; a Fotea, 269 millones; a Capvedila, 86 millones; a Palet y Binotti, 7 millones; a Franco 225 millones; a Morris Girling, 101 millones; a Daviou 98 millones; y a Lynch Jones, 199 millones.

A los efectos de ser notificados los procesados por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar deberán ser trasladados entre hoy y mañana a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, "con todos los recaudos necesarios para preservar la integridad física" de los detenidos.

Los ex jefes navales forman parte de la última serie de detenciones ordenadas por Torres y que incluyen a un almirante y ex Comandante en Jefe de la Fuerza (Franco), tres contraalmirantes (Palet, Morris y Otero); un vicealmirante (Vigo), tres capitanes de fragata (Rodríguez, Lynch Jones y Capdevila), un capitán de navío (Daviou), un teniente de navío (García Veloso), el oficial Binotti y el ex policía extraditado desde el Reino de España, Fotea.

Todas las detenciones y procesamientos se inscriben en el marco de la "megacausa ESMA" que tramita Torres, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, y que fuese reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final.

Entre los gravísimos delitos que el magistrado imputó a los procesados se encuentran privaciones ilegales de la libertad, "tormentos con resultado muerte" y aplicación de torturas en centenares de casos que se detallan minuciosamente en la extensa resolución.

En uno de sus párrafos, Torres explicó que "la constitución, organización y funcionamiento (del "grupo de tareas que funcionaba en la ESMA) se gestó desde la cúpula misma de la Jefatura de la Armada, con los medios y el personal perteneciente a esa fuerza, de un modo institucional y jerárquico".

En esa línea de análisis agregó que "ninguno de los estratos intermedios entre la Jefatura y el personal operativo, de inteligencia y logística que formaban parte del GT, ignoraban o desconocían, negaban ni impedían de modo alguno la actividad de aquella formación".

Acerca del tratamiento que se les brindaba a los prisioneros en ese centro, el juez detalló que "mientras duró el cautiverio de las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada se les dispensó un trato inhumano, cruel y degradante".

Citó los dichos de sobrevivientes que daban cuenta que, en forma independiente de las torturas a que eran sometidos, debían permanecer "encapuchados, esposados y a veces también engrillados a la pared o a una bala de cañón y únicamente se les permitía sentarse para comer, pero mirando hacia la pared".

"No les estaba permitido hablar ni moverse. Se les restringía al máximo la alimentación y para ir al baño debían levantar la mano y esperar" aunque "muchas veces debieron evacuar en el mismo lugar donde estaban acostados", se lee en uno de los párrafos de la extensa resolución firmada hoy.

Respecto de Franco el juez recordó que fue, sucesivamente, sub Jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada, Subsecretario General Naval; en la Jefatura de Operaciones y el Comando de la Fuerza de Tareas 3, como Comandante de Operaciones Navales y como Comandante en Jefe de la Armada, de los cuales dependía el grupo de tareas.