Fuentes tribunalicias indicaron que la causa, que se tramita ante el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del secretario Miguel Ambrosio, se enviará al fiscal Eduardo Taiano para que efectúe el respectivo requerimiento.

En las actuaciones -que ingresaron el jueves último por la mesa de entradas de la Cámara Federal- se alude a "presuntas violaciones al Código Penal" en que habrían incurrido esas casi dos docenas de militares, entre los que hay nueve oficiales superiores.

El juez Canicoba Corral -a cargo del juzgado federal seis- estará de licencia hasta la semana próxima y durante la feria judicial por el receso invernal, que finalizó hoy, fue subrogado por su colega Norberto Oyarbide.

El fraude cometido en perjuicio del ejército por los 23 militares acusados, alcanzaría a unos 40 millones de pesos por compras realizadas.

La red que traficaba influencias para favorecer a unos proveedores sobre otros estaba compuesta por cuatro generales, cinco coroneles, seis teniente coroneles y varios oficiales y suboficiales.

Entre los nueve oficiales superiores involucrados están el jefe de Personal J-1, general Mario Troncoso, quien se había desempeñado como adecán militar del ex presidente Fernando de la Rúa; el jefe del Comando de Intendencia, general Eduardo Gibelli; el ex jefe del Comando de Operaciones Terrestres, general retirado Raúl Gallardo y el director de Asuntos Históricos, general retirado Héctor Giralda.

La maniobra consistía en la utilización de sociedades de hecho y no de sociedades de responsabilidad limitada, motivo por el cual monotributistas se presentaban y ganaban licitaciones por montos superiores al que podrían afrontar con el respaldo declarado.