El presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, Juan Carlos Díaz Roig, aseguró que en la Cámara baja "hay un gran consenso en la aprobación del proyecto de ley de movilidad jubilatoria del Ejecutivo".

Roig, del Frente para la Victoria, señaló que la movilidad en los haberes previsionales "es una deuda histórica que los argentinos tenemos con los jubilados", al tiempo que confió en una "rápida aprobación" por parte del Congreso.

"No veo impedimento para que la norma pueda salir lo más rápido posible", sostuvo el diputado "ya que -agregó- el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso contempla en partes esenciales el contenido de iniciativas presentadas por otros diputados y senadores de la oposición".

Roig hizo estas declaraciones a la prensa tras el encuentro que mantuvo esta tarde con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en la sede de la cartera laboral, en la que ultimaron los detalles de la presentación del proyecto de ley que realizará mañana el ministro ante el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto en Diputados.

Del encuentro, que se extendió por más de una hora y media, participaron además el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Walter Agosto; el titular de la ANSES, Amado Boudou; el secretario de Seguridad Social, Walter Arrigui y seis diputados oficialistas integrantes de la mesa chica de ambas comisiones.

Roig destacó que "lo más importante es que con este proyecto el Ejecutivo se desprende de la facultad que le confiere la ley anterior y que desde ahora en adelante la movilidad en las jubilaciones dejará de depender del Gobierno de turno".

"A partir de ahora va a ver una movilidad que se va aplicar cada seis meses; esto es una gran novedad, algo sin precedentes en el derecho previsional argentino", enfatizó.

El diputado no descartó que la iniciativa que empezará a tratarse mañana en la Cámara baja sea modificada ya que "todos los proyectos son susceptibles de modificaciones", aunque agregó: "El Congreso trabaja en función de las mayorías pertinentes".

Asimismo, Roig desestimó la aplicación de un ajuste en los haberes jubilatorios antes del año próximo, una vez sancionada la ley, en función de los tiempos parlamentarios y en aspectos técnicos necesarios para su aplicación.

"De acá hasta que la ley se apruebe en ambas Cámaras van a pasar un par de meses", señaló el diputado, al tiempo que justificó su aplicación a partir de marzo del año próximo, por la evolución de los indicadores que se tomarán en la ecuación que definirá la movilidad.

"Se tiene que tomar plazos de seis meses, o un año en algunos del los indicativos, para que tenga un impacto sobre el conjunto de los 5.200 mil jubilados", explicó Detalló que "se requiere tener las estadísticas de ambos

componentes de la fórmula para, después de chequearlo cargarlo en todas las planillas de liquidación, disponer los pagos y además de eso, proveer los fondos. De manera que los plazos contemplados en el proyecto de ley son los razonables", indicó.

Por último, Roig aseguró que el Fondo de Garantías creado por el Ejecutivo es "una reserva importante" que va a permitir que en el caso de una crisis en la recaudación o un atraso en el nivel salarial el Estado "pueda soportar estos compromisos".