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En el proyecto aprobado, que resumió una decena de dictámenes elaborados en el Senado, fueron reconocidos cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica, bajo seis modalidades que van desde el plano doméstico hasta el institucional.

La flamante norma permitirá que las mujeres víctimas de violencia sean atendidas en forma gratuita en centros de salud, y reciban ayuda económica, asesoramiento legal, laboral y alojamiento.

Además la ley postula modificaciones al sistema educativo y cambios en la capacitación docente y en la formación de agentes de seguridad.

El concepto de violencia de género está atado a la discriminación que sufren las mujeres en diversos planos y, por eso, la iniciativa parte de la erradicación de actitudes discriminatorias.

La discusión del proyecto se prolongó durante algo más de tres horas y, pese a algunas objeciones menores, la nueva ley recibió un respaldo mayoritario.

La ley establece la obligación a los tres poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres y varones, y fija al Consejo Nacional de la Mujer como el organismo encargado del diseño de políticas públicas.

Campañas, educación y capacitación serán algunos de los mecanismos que deberán utilizarse para desarrollar políticas estatales, además de grupos de ayuda, asistencia jurídica y atención psicológica.

La norma crea también un Observatorio de la Violencia para que monitoree, recolecte, produzca y sistematice datos e informaciones sobre el tema.

"La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y la deslegitimación de la violencia contra las mujeres", es otra de las premisas de la norma.