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Además de los aludidos genocidas están imputados otros 23 ex militares que ocupaban altos mandos de la fuerza junto a personal de la Policía Provincial a cargo de la D2, sobre los cuales pesa la acusación de tormentos agravados y asesinato de los detenidos en la entonces Unidad Penitenciaria número 1 (UP1).

Un vocero judicial precisó que tras la decisión adoptada hoy por la jueza federal 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, se estima que durante la próxima semana se realice el sorteo para determinar si el proceso estará a cargo de la Cámara Federal 1 o 2, además de establecer la fecha del juicio.

Previo a estos pasos procesales, las partes involucradas tienen tres días para apelar la medida y, en caso de existir un recurso de esa naturaleza, la jueza puede trasladar el auto de elevación a juicio a la Cámara Federal de Apelaciones, o bien desglosar la causa para que una primera parte ya esté en condiciones de ser sometida a juicio.

En la causa, también conocida como "Alsina", hay 25 represores imputados por la tortura y crimen de 32 presos políticos ocurridos entre los meses de abril y octubre de 1976 en ese penal y en el Departamento de Informaciones Policiales (D2) que funcionaba en el pasaje Santa Catalina, a un costado del Cabildo Histórico de esta ciudad, que hoy es la sede del Archivo de la Memoria.

En casi todos estos casos, los detenidos fueron sometidos a crueles tormentos y posteriormente acribillados a balazos por ex militares o ex policías que simulaban intentos de fuga.

Figuran además dos asesinatos ocurridos en el interior del citado penal: el de Raúl Augusto Bauducco, fusilado en el patio de la cárcel, y el de José René Moukarzel, quien fue "estaqueado" desnudo en pleno invierno en otro patio y murió horas después en un hospital.

Estos hechos fueron cometidos en el marco de la "lucha contra la subversión" instrumentada por órdenes de las autoridades del Ejército Argentino, en particular por su comandante en jefe, Jorge Rafael Videla, y por quienes -siguiendo la cadena de mando- dirigían y supervisaban el funcionamiento del Area 311.

La misma estaba a cargo del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y del desaparecido jefe de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, general Juan Bautista Sasiaiñ.

Entre los restantes militares involucrados figuran el coronel Vicente Meli, y los tenientes coronel Mauricio Carlos Poncet, Raúl Eduardo Fierro y Jorge González Navarro, mientras que entre el personal policial que se desempeñaba en la D2 y están imputados por estos crímenes de lesa humanidad están Miguel Jabour y el ex comisario Carlos Yanicelli.