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La SIP exhortó a las instituciones correspondientes "a que tomen las medidas necesarias para la investigación y el cese de estas acciones en el futuro", y a los poderes públicos "a que trabajen para garantizar el libre ejercicio del periodismo en un marco democrático y de convivencia pacífica".

En sus considerandos, la SIP se refirió a que durante los últimos meses periodistas y medios de comunicación han sido objeto "de una hostil escalada de hechos, agresiones e intimidaciones" que, a su juicio, hasta ahora son "inéditos en la conflictiva relación del gobierno argentino con la prensa".

Según la SIP, los mismos "incluyeron la intervención de teléfonos y correos electrónicos de periodistas y editores, maltrato a profesionales en conferencias de prensa, ataques físicos a locales de diarios, agencias periodísticas y domicilios particulares de directivos de medios, la difusión de panfletos y una costosa campaña de difamación mediante afiches y pintadas en la vía pública".

Además, hizo referencia al "inusual operativo" de la AFIP contra Clarín y a la eventual estatización de Papel Prensa, "en el marco de fuertes intimidaciones y amenazas por parte de funcionarios a miembros del directorio de esa empresa".

Otro de los antecedentes aludió al caso del proyecto de ley que "pretende alterar el sistema de distribución de diarios y revistas" y a los "graves bloqueos" a las plantas de distribcuión de diarios y revistas.

La SIP también tomó en cuenta que "siguen utilizándose procesos penales como herramienta de presión contra editores y periodistas por parte de funcionarios públicos, como las querellas iniciadas por un funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado contra editores de La Nación y periodistas de Clarín".

Por último, se hizo referencia a la distribución "arbitraria" de la publicidad oficial "como un método indirecto de presión editorial" y señaló que se viene registrando, a la vez, "un aumento exponencial de los fondos públicos utilizados discrecionalmente para tal fin".