La norma fue impulsada por el radicalismo, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el socialismo, el PRO, el GEN, el juecismo y Proyecto Sur. Se trata de un texto consensuado por el arco opositor, después de arduas negociaciones en las que se incorporaron sustanciales cambios respecto del proyecto original.

El oficialismo rechazó la iniciativa, al considerar que "pone el peso principal en las corporaciones" y defendió en el recinto la reforma planteada al organismo en 2006 por la entonces senadora nacional y hoy presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que fijó en 13 el total de miembros del consejo.

Al defender el texto opositor, el titular de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, consideró que la reforma propuesta "no es la ideal, es la reforma posible que trasunta el acuerdo de una enorme cantidad de bloques. (...) Es una norma superadora. Con estas modificaciones queremos dotar al Poder Judicial de una mayor independencia y eficacia. El país necesita como nunca una mejor calidad de justicia", aseveró Gil Lavedra, quien también consideró que la propuesta dotará de "mayor transparencia al organismo".

Desde el oficialismo, Alejandro Rossi, autor de otro de los dictámenes, consideró "un retroceso" la propuesta opositora. "No introduce ninguna variante que nos haga avizorar que lo que se viene es mejor", y evaluó que la reforma planteada merecía "un debate más profundo". "Estamos produciendo una reforma para la selección de jueces de los peores retrocesos en contra del ejercicio de justicia y de los procesos democráticos", agregó.

El diputado de la Concertación por Neuquén, Hugo Prieto, impulsor de otro de los dictámenes, consideró que la iniciativa opositora es "una opción política errónea que va contra la letra y el espíritu de la Constitución". Sostuvo que la composición propuesta para el Consejo "tiene un 60 por ciento de representación de la corporación judicial y en un 40 de representación política".

Jorge Yoma, del Frente para la Victoria por La Rioja, cuestionó el dictamen opositor y consideró que se trata de una "grosería institucional incalificable". Yoma se pronunció, no obstante, a favor de que el titular de la Corte Suprema presida el organismo aunque dijo que "en la búsqueda del consenso opositor se lo pone sin facultades".

Desde la Coalición Cívica, Adrián Pérez sostuvo que "esta reforma claramente tiende a buscar un consejo equilibrado en pos de la idoneidad y la transparencia del Poder Judicial".

En tanto, la diputada de Proyecto Sur Liliana Parada consideró que "se imponía una nueva reforma" ante la "falta de legitimidad del actual Consejo de la Magistratura", y agregó que la iniciativa se propone sumar "transparencia y democratización".

"No sólo estamos discutiendo acerca del diseño institucional de la Justicia sino que estamos debatiendo acerca del derecho a la justicia que tienen los ciudadanos", afirmó la diputada del PRO Laura Alonso, ex directora ejecutiva de la ONG Poder Ciudadano.

De acuerdo con el proyecto, el organismo -formado actualmente por 13 miembros- tendrá 18 integrantes: cuatro jueces, (incluido el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación); seis legisladores (tres senadores y tres diputados) de las tres primeras minorías; cuatro abogados; tres académicos (dos del derecho y uno de las ciencias sociales) y un representante del Poder Ejecutivo.

Para lograr los 129 votos necesarios, el arco opositor debió aceptar los cambios propuestos por el bloque de Proyecto Sur que proponí acotar las facultades del titular de la Corte Suprema de Justicia en el organismo, que estará a su cargo, y sólo votará en caso de empate.