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En su denuncia, el observatorio sostuvo que "varias personas, al intentar presenciar diferentes partidos en la pantalla gigante que instaló el gobierno porteño en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, fueron requisados por el personal de seguridad de una empresa privada".

Según la presentación, esos custodios habrían "palpado de armas y revisado mochilas y carteras" de los espectadores en lo que el Observatorio calificó como una "decisión de mostrar una ciudad sin indigentes, vendedores ambulantes, cuida coches y limpiavidrios".

En ese sentido, enfatizaron que el Gobierno porteño "a los pobres que viven en la calle no se les permitirá ni siquiera acercarse a las pantallas levantadas en plazas y parques", lo que consideran una "inadmisible discriminación".

"Un cordón de la empresa de seguridad privada obligaba a la gente a armar una fila, separada por género, para después requisarla. En caso de que alguna persona se negase a que le revisen sus ropas o pertenencias, no podían pasar hacia la barranca de césped, frente a la avenida Libertador, donde se podía ver el espectáculo deportivo", afirmaron.

En la denuncia se recuerda que "el personal de una empresa de seguridad privada carece de las facultades para limitar tanto la circulación como el ámbito de privacidad de las personas en una plaza, en el marco de un evento público".