La causa iniciada por ex combatientes de Malvinas fue archivada por la Cámara Federal al confirmar que "no se aprecia que la denuncia que le dio origen posea sustento suficiente para afirmar la comisión de algún ilícito penal" por parte de los sucesivos gobiernos desde el conflicto bélico de 1982 pues "a través de los servicios públicos y de leyes especiales sancionadas para ex combatientes de Malvinas se habrían contemplado el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a la seguridad social".

La abogada Marcela Luna, representante de los ex combatientes, había demandado "al Estado Nacional por haberlos sometido al delito de abandono de persona en razón de que, desde la finalización del conflicto bélico hasta la actualidad, las distintas Administraciones no les habrían garantizado el derecho a la salud y a la seguridad social". Los ex combatientes afirmaron haber sido víctimas, primero, de un "proceso de desmalvinización" de parte de la dictadura militar y, luego, consideraron que "los sucesivos gobiernos democráticos no establecieron las políticas públicas suficientes que les hubieran permitido sobrellevar el impacto negativo de las consecuencias emocionales de participar en una catástrofe como es la guerra".

Aunque los denunciantes reconocieron que ahora tienen la posibilidad de atención médica y cobertura, afirmaron que "tales recursos no son suficientes para amparar sus necesidades" y criticaron la "ineficiencia por parte del Estado para cubrir los aspectos relacionados con la salud, la reinserción en el campo laboral y la seguridad social".