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La denominada Ley de Caducidad es "la más oprobiosa" y "la más indigna" de las normas uruguayas, dijo el diputado Felipe Michelini, a cargo de la argumentación a favor del proyecto. El legislador es hijo de Zelmar Michelini, ex senador que en 1976 fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires, donde estaba exiliado tras el golpe de Estado de 1973.

Aseguró además que al declarar sin valor jurídico esta norma se estará ganando en "democracia de calidad" ya que se garantizará que "nadie más gobierne en base a la tortura y el asesinato".

Más de medio centenar de personas participaba de la sesión desde las barras mientras que ex presos políticos se manifestaban afuera del Palacio Legislativo con pancartas pidiendo la anulación de la ley.

El proyecto fue presentado por el gobernante Frente Amplio, que tiene una ajustada mayoría en la Cámara (50 diputados de un total de 99) e instó a los legisladores de su sector que no están de acuerdo con la iniciativa a votar por disciplina partidaria.

El texto en debate declara como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la denominada Ley de Caducidad -aprobada en diciembre de 1986- "carecen de valor jurídico alguno".

Esos artículos refieren a que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales. La ley obliga además a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados.

El proyecto se apoya en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2009 que estableció que la aplicación de la Ley de Caducidad es inconstitucional en el caso que investiga la muerte de una militante comunista en 1974.

El gobierno afirma además que la Ley contradice las convenciones internacionales de derechos humanos a las que suscribió Uruguay, que ha sido cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta norma.

La población uruguaya, en tanto, se ha mostrado fuertemente dividida en torno a este tema: en 1989, en un primer referendo sobre la Ley de Caducidad, el 56 por ciento de los votantes se pronunció a favor de mantener su vigencia. Veinte años más tarde, en 2009, una nueva iniciativa para anular la ley recibió una adhesión del 47 por ciento, cuando necesitaba más del 50 para su aprobación.